De las torturas en Guantánamo a la represión en el Tíbet, pasando por la persecución de los miembros del grupo Falun Gong a manos del Gobierno chino, los crímenes de Mauthausen o los bombardeos en Gaza, la Audiencia Nacional tiene 13 causas abiertas por delitos de lesa humanidad cometidos a lo largo y ancho del planeta. Muchos, sin embargo, se encuentran en vía muerta tras la aprobación de la ley de la oficina judicial a mediados del pasado año. La norma estaba pensada para reformar los juzgados, pero también tuvo el efecto de limitar el llamado principio de jurisdicción universal.
La nueva ley ordena que la Audiencia Nacional solo sea competente cuando se den dos condiciones: que el caso en concreto afecte a ciudadanos españoles y que no haya causa abierta en otros países. Ambos requisitos se dan en el proceso de la masacre de los jesuitas. Por un lado, cinco asesinados eran españoles. Por otro, las únicas actuaciones judiciales incoadas en el país centroamericano fueron la de 1991, una causa defectuosa que acabó con la absolución de incluso asesinos confesos; y la del 2000, cuando la Corte Suprema salvadoreña rechazó la reapertura de la investigación.
