El Tribunal Supremo decidió ayer delegar en las instituciones vascas la disolución de los grupos parlamentarios de Batasuna. Los magistrados optaron por comunicar la sentencia, "a los efectos legales oportunos" al Gobierno y Parlamento vasco y de Navarra y a las juntas electorales.

Los magistrados de la sala especial se reunieron ayer tras recibir el lunes sendos escritos del fiscal y del abogado del Estado en el que les instaban a la disolución de los grupos parlamentarios y municipales de Batasuna. Sin embargo, fuentes del alto tribunal indicaron que los jueces pospusieron a una próxima reunión la respuesta a esas peticiones. Y que el alto tribunal prefirió comunicar su decisión a las instituciones vascas encargadas de ejecutar la sentencia.

El Gobierno vasco se resiste a cumplir la sentencia. El consejero vasco de Justicia, Joseba Azkarraga, sostiene que la prohibición de un partido "no determina la suspensión" de los grupos. El teniente fiscal del Tribunal Supremo, José María Luzón y la Abogacía del Estado mantienen lo contrario.

RESPONSABILIDADES

El abogado del Estado sostiene que la disolución de la formación debe afectar a los grupos "aunque hayan cambiado de denominación" por lo que apoya "el pase de los parlamentarios" de Batasuna "al grupo mixto" en los parlamentos vasco y navarro.

Asimismo, el fiscal y el abogado del Estado solicitaban el inicio del proceso de liquidación de Batasuna con el nombramiento de tres liquidadores judiciales para destinar ese dinero a actividades de interés social. Luzón reclamaba al Supremo la clausura "definitiva" de las herriko tabernas.