El Tribunal Superior de Justícia de Cataluña (TSJC) ha anunciado este viernes las fechas del jucio contra el 'expresident' de la Generalitat Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la 'consellera' de Ensenyament Irene Rigau por la consulta del 9-N: del 6 al 10 de febrero del 2017.

Los tres están acusados de los delitos de desobediencia grave y prevaricación y la fiscalía solicita para Mas 10 años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos electivos y funciones de gobierno, y 9 años para Ortega y Rigau por haber impulsado y organizado el proceso participativo.

El ministerio público sostiene en su escrito de acusación que Artur Mas, como presidente de la Generalitat, desatendió el mandato del Tribunal Constitucional "intencionadamente y sin otro amparo que su mera voluntad", que como convocante le atañía, de dejar sin efecto la celebración del proceso participativo soberanista. Según la acusación pública, el expresidente "consecuentemente" no cursó las órdenes correspondientes para detener los preparativos en curso.

Por otra parte, la que fuera vicepresidenta, Joana Ortega, está acusada de haber seguido ejerciendo el control y coordinación de todas las actuaciones de preparación y desarrollo de la jornada de votación a pesar de la suspensión del Constitucional. Y lo hizo "por debajo del presidente autonómico que primero dispuso y luego habilitó su celebración". Ortega asumió la coordinación de entes y funcionarios y fue "la impulsora directa" de las principales actuaciones para la votación, según la acusación pública.

A su turno, Irene Rigau, a la sazón 'consellera' de Ensenyament, actuó, según la fiscalía, de forma "coordinada" con los otros dos acusados, poniendo a disposición de aquellos "medios propios de su departamento", como los centros de enseñanza públicos. Se sirvió de los jefes de servicio territoriales para garantizar que los directores de escuelas e institutos siguieran prestando su apoyo para que los centros pudieran ser acondicionados para la votación y abrieran sus puertas el 9-N.

ESCRITO DE DEFENSA

Por su parte, Mas, Ortega y Rigau reclaman la absolución porque consideran que el proceso participativo fue "lícito". Estuvo, según el escrito de defensa del 'expresident', "enmarcado en una acción política completamente lícita y defendible en cualquier sociedad democrática". Y argumenta que se puesto en marcha "en atención al derecho de participación y de libertad de expresión" de los catalanes.

Asimismo, los tres acusados han solicitado que declaren como testigos en el juicio el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá.