El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha imputado por tráfico de influencias al secretario general de CDC, Oriol Pujol, en el 'caso ITV', que investiga el proceso de adjudicación de una serie de estaciones en Cataluña de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). El fiscal anticorrupción Fernando Maldonado considera que el hijo del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, también presidente del grupo de CiU en el Parlament, "coordinó, dirigió y amparó la actividad delictiva" de los imputados en la trama.

El TSJC era el órgano competente para decidir sobre la imputación del dirigente de Convergència por su condición de aforado, al tratarse de un diputado. Anticorrupción pidió el pasado 5 de febrero a la jueza de Barcelona Silvia López Mejías que remitiera el caso al tribunal para que tomara una decisión sobre la imputación de Oriol Pujol.

El futuro político

El dirigente convergente negó los hechos y los enmarcó en la "guerra sucia" contra el proceso soberanista catalán, pero abrió la puerta a abandonar alguno de sus cargos si finalmente se producía su imputación. Pujol ha mantenido desde el principio que no es "ni colaborador ni necesario" en la trama, como sostiene el fiscal, en la presunta red que intentó amañar concesiones de estaciones de ITV, pero también afirmó que no quería ser "un estorbo" en el proceso soberanista.

Un informe elaborado por el Servicio de Vigilancia Aduanera, dependiente de la Agencia Tributaria, asegura, en relación a la presunta trama, que "Oriol Pujol es el hombre encargado de aportar la influencia política y de procurar realizar los movimientos oportunos, en concreto en la Subdirección de Seguridad Industrial", para favorecer el proyecto de su amigo Sergi Alsina. El juez también se apoyó en el extenso escrito del fiscal anticorrupción Fernando Maldonado (elaborado con el visto bueno del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce), en el que expone que existen indicios de la participación de Oriol Pujol en un delito de tráfico de influencias (tipificado en el artículo 428 del Código Penal y castigado con penas de entre seis meses y dos años de prisión) junto a los otros imputados, los empresarios Sergi Alsina, Sergio Pastor y Ricard Puginou; el subdirector de Seguretat Industrial de la Generalitat, Isidre Masalles, y el que fuera número dos de la Diputación de Barcelona, Josep Tous. Estos cinco últimos fueron detenidos el 26 de marzo del 2012.

Tareas de mediación

El informe del fiscal detalla la supuesta intervención de Pujol en la mediación de la ITV y reproduce todas las conversaciones telefónicas en las que aparece su nombre (la jueza había acordado la intervención de los teléfonos de los principales sospechosos). En algunas de ellas se le alude directamente a él --"este tema yo ya lo comenté con Oriol"-- y en otras, según los investigadores, aparece con el sobrenombre de "Zumosol". El dictamen se centra en el presunto amaño de la adjudicación de estaciones de ITV y solo de pasada menciona otras presuntas irregularidades halladas durante la investigación, como la deslocalización de una serie de empresas.

El informe de la Unidad de Vigilancia Aduanera del mes de junio señala que Oriol Pujol supuestamente participó como accionista, a través de Alsina, en la empresa Upprime Energy, con la que se pretendía conseguir de forma fraudulenta la adjudicación de una estación de ITV y entrar en el negocio de la eficiencia energética. El expediente señala que el secretario general de CDC "proporciona el impulso y el apoyo necesario para que el proyecto llegue a buen fin y supuestamente tendría indirectamente participación accionarial en Upprime a través de Sergi Alsina".