Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) cumplieron ayer un doble objetivo. Por un lado, convirtieron la instrucción del caso Gürtel en un proceso interminable y, por otro, acusaron al juez Baltasar Garzón de haber resucitado la tortura para obtener confesiones, por autorizar la grabación en la cárcel de conversaciones de Francisco Correa con abogados.

En la resolución, los magistrados aclaran el alcance de su decisión. Y rechazan que la nulidad de las escuchas "sea automática o instantánea". Por ello, dejan en manos del actual instructor del caso Gürtel , Antonio Pedreira, que decida "el momento procesal" para sacar estas pruebas del proceso y para declarar, "en su caso, la nulidad de las actuaciones que se deriven de las intervenciones aquí anuladas, permitiendo asimismo el ejercicio de los recursos oportunos".

Por contra, los jueces avalan las grabaciones mantenidas en la cárcel por Correa con las personas que le visitaron y que no eran sus abogados. Y se oponen a la excarcelación del cabecilla de esta trama porque "no se han esfumado" los motivos que le llevaron a prisión.

LOS ARGUMENTOS En su resolución, los jueces explican que la confidencialidad de las comunicaciones de los abogados con sus clientes es un derecho constitucional. Por ello, afirman que vulnerarlas es tanto como hacer "renacer" la facultad de "obtener la confesión forzada del culpable a través de la tortura".

Los magistrados sostienen que la conversación entre un preso y su letrado "puede ser amplísima", en algunos casos "puede reconocer su culpa o aportar a su abogado datos sustanciales sobre la comisión del delito para que el letrado articule la defensa". Y que si el abogado no cumple con su secreto profesional cometería un delito.

Por este motivo, los jueces del TSJM opinan que solo se puede invadir esta relación privilegiada en casos de terrorismo, "máximo ataque a la convivencia social", dicen. En los demás casos, la intervención "debe ser excepcional" y solo se puede acordar por razones de "necesidad, idoneidad y proporcionalidad".

Pues bien, en opinión de estos jueces, Garzón hizo todo lo contrario, pues se apoyó en "una mera suposición o conjetura" sobre el papel del abogado José Antonio López Rubal, al que había imputado por blanqueo de capitales y del que sospechaba que actuaba como "enlace" para que Correa moviera el dinero que tenía escondido en el extranjero.

Sin embargo, para los jueces del TSJM, "la posible integración de la participación de este abogado en la actividad delictiva con los datos que en ese momento constaban en las actuaciones resulta insuficiente". Asimismo, sostienen que Garzón podía haber obtenido los mismos datos "por otros medios menos nocivos", pero no dice cuáles.

La resolución judicial también le recrimina que, tras ordenar la intervención, decidiera sacar del proceso las conversaciones que hacían referencia al derecho de defensa. Esta medida creó "una situación de harto mayor descontrol". Por todo ello, los jueces concluyen que Garzón vulneró el derecho de defensa, el de no declarar contra sí mismo y el de no confesarse culpable.

Por contra, el magistrado Suárez Robledano tilda de "gratuitas" las acusaciones contra Garzón.