El calamar de la corrupción no deja de soltar tinta. Ayer llegó hasta la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). El magistrado Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), investiga los contratos de esta institución con las empresas del jefe de la trama Gürtel, Francisco Correa, cuando Rita Barberá, alcaldesa de Valencia, dirigió este organismo. La actuación judicial desató un cruce de acusaciones entre el PP y el PSOE.

La policía se personó en la sede de la FEMP sobre las 11.30 horas de la mañana con un requerimiento judicial. El juez Pedreira investiga los contratos firmados por el exsecretario general de esta institución Alvaro de la Cruz, mano derecha de Barberá en la FEMP, entre 1999 y el 2003.

Fuentes de la investigación revelaron que las empresas de Correa organizaron la asamblea de la FEMP de 1999 por un importe de 232.305 euros. Esta cantidad dobló el precio de la junta anterior, que se celebró en el 2005. El contrato fue firmado por De la Cruz, que antes de llegar a la FEMP trabajó con el todopoderoso dirigente popular Francisco Alvarez Cascos. El exsecretario general también autorizó la contratación de la siguiente asamblea de este organismo, en el 2003, por 570.000 euros.

CONTABILIDAD SECRETA Además, estas fuentes revelaron que el TSJM investiga al exsecretario general de la FEMP por haber percibido presuntamente de la trama corrupta cerca de 300.000 euros, según consta en la contabilidad secreta de la red.

El actual presidente de la FEMP, el socialista Pedro Castro, ya adelantó el pasado sábado esta actuación judicial. En una entrevista, que ayer reiteró, a la agencia Europa Press, explicó que esta institución no tenía intención de investigar los contratos vinculados con el caso Gürtel , aunque puntualizó que la FEMP guarda todas las facturas para ponerlas a disposición de la justicia. "Intentamos buscar los soportes que gestionasen las facturas que encontramos, pero no ha quedado ni un solo contrato, o al menos, no lo han visto los técnicos", explicó. Por su parte, la FEMP se comprometió ayer a entregar la documentación requerida antes del viernes.

GRAN REVUELO La noticia causó un gran revuelo en Valencia, que aún celebra la absolución anticipada del presidente de esta comunidad, Francisco Camps, en esta trama. El alcalde en funciones, Alfonso Grau, intentó quitar hierro a esta investigación y defendió la actuación de su jefa, Rita Barberá. Grau negó que la policía hubiera registrado la FEMP. "Simplemente se han presentado unos agentes con una visita previamente anunciada solicitando unos contratos anteriores al año 2004, así como las competencias que en aquel momento tenía la secretaría general de la FEMP", aclaró. Los socialistas valencianos pidieron explicaciones a Barberá por las contrataciones durante su etapa al frente de la FEMP.