El PP ha fracasado en su último intento para evitar que uno de sus dirigentes más controvertidos, Francisco Camps, vuelva a los tribunales para aclarar una presunta financiación ilegal de este partido en Valencia y otros delitos. Así lo decidió ayer el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que avaló la decisión del instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, que se inhibió a favor de sus colegas valencianos el pasado mes de mayo.
El PP, que actúa como acusación particular, pidió a los magistrados de la sala civil y penal del TSJM que dejaran sin efecto la decisión de su subordinado. Sin embargo, los jueces se han negado a su pretensión con un argumento muy simple.
Los presuntos delitos descubiertos por sendos informes de la policía judicial y de la Agencia Tributaria afectan a aforados de la Comunidad Valenciana. Por ello, Pedreira "jamás podría tomar declaración como imputados a aforados de otra comunidad" que no sea Madrid "ni practicar actuaciones a sus espaldas y sin posibilidad de tomar conocimiento de ellas y poder defenderse o contradecirlas".
Los magistrados sostienen que la decisión de Pedreira de remitir esta parte de la causa a Valencia "es necesaria y consecuente". El TSJM no condiciona la actuación de sus colegas del Tribunal de Valencia, ya que aclara que son estos los encargados de "establecer si existen o no hechos de apariencia delictiva".
LOS TRAJES También deberán resolver "sobre la admisión de imputación y sobre la conexidad o no con las actuaciones" que tramita José Flors sobre el caso de los trajes que supuestamente recibieron Francisco Camps y otras tres personas de personas vinculadas con la red que dirigía Francisco Correa. Esta investigación se reabrió en mayo por orden del Tribunal Supremo.
Los nuevos delitos que debe investigar ahora el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) se refieren a un posible delito electoral cometido durante las elecciones autonómicas y locales del 2007. Los informes policiales acreditan que Orange Market pagó servicios del PP en esta comunidad autónoma de forma opaca y en efectivo y que dichos pagos fueron realizados por algunos empresarios que así encubrían donaciones que realizaban al PP.
La sala civil y penal del TSJV, que todavía preside Fernando de la Rúa, amigo personal del presidente valenciano, será la encargada de decidir sobre esta inhibición. En el caso de rechazarla, el Supremo tendrá la última palabra. De la Rúa está en funciones desde hace más de un año, cuando venció su mandato.
