El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha decidido anular la orden que en julio del 2003 dictó el departamento de Justicia del Gobierno vasco para regular las ayudas a los desplazamientos de los familiares de presos. El TSJPV estima que el Ejecutivo de Ibarretxe, que ayer mismo confirmó que recurrirá la sentencia, ha invadido competencias en materia penitenciaria.
La resolución, que se divulgó ayer, cuestiona la legalidad de la orden y precisa que ésta "carece de relación" con las competencias del Gobierno vasco en materia de justicia.
RECURSO El tribunal ha estimado el recurso del abogado del Estado al rechazar que las ayudas para visitas a presos pueda considerarse como una acción social, ya que el propio preámbulo de la orden "declara expresamente" que se hace en ejercicio del título del Estatuto referido a la "organización, régimen y funcionamiento de instituciones penitenciarias y de reinserción social", que aún no ha sido traspasado.
El fallo reconoce que el alto tribunal vasco consideró conformes a derecho las ayudas al desplazamiento de familiares de presos fijadas por ayuntamientos al verlas como competencias que en materia de asistencia social tienen los consistorios.
