El Gobierno y el PP volverán hoy a la greña en el Congreso a cuenta de la reforma de la ley del poder judicial. La intención del Ejecutivo de cambiar el sistema de elección de los jueces del Tribunal Supremo y de los presidentes de los tribunales superiores de justicia ha abierto una enorme brecha con los populares. No es para menos. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que tiene en su mano la elección de esos cargos, se ha convertido en el último bastión del PP. La nueva ley (si supera esta vez el trámite parlamentario) propone que los cargos de esos altos tribunales se aprueben por 13 votos y no por los 11 que marca la norma vigente. Para el resto de los nombramientos se mantendrá el sistema de mayoría simple (la mitad más uno), es decir, 11.
El vicepresidente del CGPJ, Fernando Salinas (elegido a propuesta del PSOE), comprende el "malestar" del bloque conservador por la reforma legal, pero la defiende: "En el Consejo hay un grupo mayoritario que tiene suficientes votos y hace y deshace a su capricho actuaciones y decisiones".
Por eso, critica que ese bloque "siempre elija a los jueces de una determinada ideología y adscritos a una determinada asociación judicial". Y afirma: "El grupo mayoritario ha abusado de su mayoría y si hubiera tenido otra voluntad no habría sido necesaria la reforma". Adolfo Prego, de las filas conservadoras, sostiene que su grupo gana sólo "porque tiene más votos" y que la reforma legal evidencia "el afán del Gobierno de neutralizar al Consejo, que está fuera de su control". Prego argumenta que la actual composición del CGPJ fue elegida para que trabajara con una mayoría de 11 votos. "Nos distribuimos así porque el PSOE lo quiso y ahora nos han estafado", dice. Por ello, cuestiona el talante de la reforma: "Lo que quieren es el aplauso, no soportan que se les señalen los errores, no aguantan la crítica".
Además, defiende la política de nombramientos del bloque conservador. "Nosotros elegimos a los mejores, en sus candidatos --los de la minoría progresista-- prima más la beligerancia política que su preparación científica o profesional". Sostiene que su grupo busca jueces más profesionales que ideológicos. "Los gobiernos pasan, pero el Tribunal Supremo permanece".
Javier Martínez Lázaro, del bloque progresista, tiene otra visión. "Han impuesto su criterio en todos los casos, ellos se adjudicaron las cuatro plazas vacantes del Supremo, nombran siempre a jueces decididamente conservadores". Y responsabiliza a los conservadores de la actual situación: "Han impuesto una dinámica de bloques. Nuestros candidatos tienen prestigio".
El portavoz del CGPJ, Enrique López, del grupo mayoritario, justifica que los jueces elegidos sean conservadores. "Tenemos más banquillo a la hora de buscar candidatos, los jueces suelen ser respetuosos con el orden establecido y tienden a ser conservadores".
Los mensajes
Admite, no obstante, su afinidad con el Partido Popular. "Mi forma de entender la vida se alinea con el PP", pero niega que ese partido controle a los jueces. Para Salinas, en cambio, esa relación existe: "Los mensajes del presidente del CGPJ coinciden con los de los representantes del PP". Prego también acusa al bloque progresista de tener lazos estrechos con el PSOE, aunque cree que ninguno de los vocales "deja de ser un general para ser un sargento que reciba órdenes".
