La lista de epígrafes con que se conocen a los casos de corrupción en Baleares sumó ayer un nuevo nombre con la operación Cloaca. De las alcantarillas del poder emanó otra turbia trama que, por enésima vez, salpica a Unió Mallorquina (UM). Cuatro personas fueron detenidas en la investigación de un supuesto desvío de fondos en el Consell de Mallorca que podría superar el millón de euros. Los negocios ilícitos incluyen facturas falsas y cobro de comisiones a través de empresas concesionarias del servicio de recogida de basuras.
El caso llegó a la Fiscalía Anticorrupción después de que, el pasado verano, los servicios jurídicos del consejo insular encargaran una auditoría, al detectar una sobrefacturación en el departamento de Medio Ambiente. Estas irregularidades afectan a la gestión de residuos sólidos y urbanos de la Part Forana --el territorio de la isla de Mallorca que no pertenece a su capital, Palma-- desde el 2005, aunque podrían afectar también a años anteriores. La entonces responsable del área medioambiental del Consell de Mallorca era la hoy número dos de UM y portavoz del partido, Catalina Julve.
Durante 45 años, el tratamiento de los escombros recayó en un mismo conglomerado de empresas, Tirme, pero los actuales responsables de la institución insular, del Bloc per Mallorca, hallaron un contrato para la gestión de residuos selectivos adjudicado a dos Uniones Temporales de Empresas (UTES) encabezadas por la constructora Melchor Mascaró, empresa que obtuvo también la polémica construcción del velódromo Palma Arena. La sede de esta compañía, en Manacor, la de otra firma en Inca y las dependencias del Consell de Mallorca fueron registradas por la policía.
El consejo insular pagaba a estas entidades en relación a las toneladas de basura de los puntos de recogida selectiva en los que se almacena papel, vidrio y envases. El controvertido contrato se adjudicó en tres lotes, para repartir el servicio en las diferentes zonas de la isla, y los investigadores advirtieron de la existencia de algunos descuadres en la facturación. Uno de los detenidos es Gabriel Perelló, ingeniero técnico industrial encargado de supervisar las facturas del servicio y controlar la ubicación y gestión de los contenedores de recogida selectiva de la isla.
PARTIDO REFUNDADO Cuando sucedieron los hechos que se investigan, el consejo insular estaba presidido por la exlíder de UM y expresidenta del Parlamento balear Maria Antònia Munar, acusada de prevaricación, fraude a la Administración, uso de información privilegiada y malversación de caudales públicos en otros escándalos de corrupción.
Munar fue la estandarte de un partido cuya anterior cúpula está implicada en un sinfín de causas por delitos variados.
