UPyD ha presentado en el Congreso una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de transparencia y su devolución al Gobierno, al considerar, entre otros motivos, que "no es aceptable la exclusión de partidos, sindicatos, patronales, Casa Real y Organismos Constitucionales de las regulaciones de esta ley".
La formación política que lidera Roda Díez, que registró la enmienda el pasado viernes en la Cámara Baja, indica que la ley presenta carencias, insuficiencias y conceptos equivocados.
El texto de la iniciativa, al que ha tenido acceso Efe, afirma que "aplicando el principio de que las políticas de transparencia deben afectar a todas las entidades que reciben ayudas públicas para el desempeño de sus funciones, no es aceptable la exclusión de partidos, sindicatos, patronales, Casa Real y Organismos Constitucionales de las regulaciones de esta Ley".
Para estas entidades se debería especificar un mandato de adaptación de su normativa reguladora a los principios de transparencia que se proclaman en su articulado, que tampoco prevé ningún mandato con respecto a los expedientes judiciales.
Para UPyD, el proyecto de ley del Gobierno significa "un avance respecto a la pobre política de transparencia previa, pero sus insuficiencias, carencias y contradicciones, que redundan en una pobre calidad jurídica y que son perfectamente mejorables, nos obliga a solicitar su devolución al Gobierno".
"Tales insuficiencias, carencias y contradicciones no son cuestiones menores que resolvería la posible transacción de enmiendas parciales al articulado", argumenta en el texto de la enmienda.
Critica que cuando el proyecto de ley regula la transparencia de organismos constitucionales distintos a las Administraciones Públicas se habla solo de sus competencias de Derecho Administrativo, lo que excluye la mayor parte de su actividad".
Asimismo, afirma que la relación de este proyecto con la normativa autonómica puede derivar en "intolerables desigualdades de derechos entre los ciudadanos según la parte del territorio nacional donde residan".
UPyD cree que si el proyecto engarzara con un derecho constitucional y se tramitara como ley orgánica, resolvería gran parte de los problemas.
También critica que contempla como sanciones administrativas hechos como la destitución de cargos públicos, incluyendo los miembros del Gobierno e incluso de cargos electos como los alcaldes, que tienen su propio ordenamiento constitucional y legal, respectivamente.
