Iñaki Urdangarin anuncia que acudirá al Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales. En su recurso a la fianza de 8,1 millones de euros impuesto por el juez José Castro por su actividad en el Instituto Nóos, el duque de Palma expone que se ha vulnerado el artículo 24.2 de la carta Magna, relativo al derecho de defensa. Previo a este paso, apunta que recurrirá ante la Audiencia Provincial de Palma, que, de momento, ha respaldado todas las decisiones del juez Castro.

El letrado de Urdangarin, Mario Pascual Vives, considera que el duque de Palma ha sufrido una "indefensión irreparable" y que el juez "ha acomodado a deshoras las diligencias procesales", de manera que "veta la posibilidad de discutir decisiones". Considera que Castro ha incurrido en una "inclusión parcial, sesgada y fuera de plazo de contenido de determinados documentos", así como de testigos e imputados, que le impiden "emitir cuantas alegaciones resultasen convenientes para la defensa de sus legítimos intereses".

Al igual de Diego Torres, Urdangarin defiende la legalidad de los convenios de patrocinio suscritos con los gobiernos autonómicos de Valencia y Baleares durante los gobiernos de Francisco Camps y Jaume Matas, y cuestiona que en el cómputo de fianza se le reclamen cantidades relativas a pago de impuestos como el IVA o las deducciones de IRPF. Según su letrado, esto provocaría un enriquecimiento ilícito de la Administración y un “injusto empobrecimiento” del yerno del Rey.

De la relación con la Casa Real

La defensa de Urdangarin insiste en que no se aprovechó de su relación con la Casa Real y que esta condición "no devino tan irresistible" como para que las autoridades "aceptaran sin rechistar" sus proyectos. Tilda de "inverosímil" que los mandatarios públicos se aviniesen a contratar con el Instituto Nóos esperando 2algún favor regio".

También califican de "desproporcionadamente excesiva" la fianza de 8,1 millones de euros impuesta por Castro y ven "más equitativa" la alternativa de 5,9 que planteaba Anticorrupción en su escrito. Para revisar este cálculo propugna hacer una pericial de los convenios suscritos en la fundación sin ánimo de lucro y las administraciones públicas con la participación de interventores del Estado y peritos propuestos por la defensa del duque de Palma.

Tanto Urdangarin como Torres tienen plazo hasta las 12 de la noche de hoy para hacer efectiva su fianza, ya que los recursos no paralizan este proceso.