El juez José Castro, que instruye el caso Palma Arena e investiga las actividades del Instituto Nóos, ha decidido imputar a Iñaki Urdangarín por supuestas prácticas delictivas en la institución que presidió hasta el 2006. El secreto del sumario se ha levantado a primera hora de este jueves. El duque de Palma deberá comparecer en los juzgados de Palma para declarar el 6 de febrero. Junto a él están imputados altos cargos del Gobierno del expresidente balear Jaume Matas.
Urdangarín deberá explicar al juez los negocios realizados por el Instituto Nóos con la comunidad de Baleares y con la Comunidad Valenciana por los que "haya sido perceptor de fondos públicos", según recoge el auto judicial hecho público esta mañana. El magistrado interrogará al duque sobre la ejecución de lo acordado con ambos gobiernos autonómicos, la rendición de cuentas llevada a cabo, así como por las personas que hayan participado en los hechos o se hayan beneficiado de los mismos, el destino de dichos fondos públicos y su tratamiento fiscal.
Según el auto, la fecha fijada para la declaración de Urdangarin, el 6 de febrero, será suficiente para que pueda personarse en la causa y recibir copia digital de todo lo que se ha llevado a cabo hasta ahora en la instrucción y conocer los "indicios racionales de criminalidad" que se deriven de ella. El juez decreta en el mismo auto el levantamiento del "especial sigilo" decretado hacia esta causa desde el 4 de agosto, porque el miércoles finalizó el examen de toda la documentación intervenida en los registros llevados a cabo en Barcelona y la valoración de las declaraciones tomadas a imputados y testigos hasta el momento.
Ejecutivos de Nóos y altos cargos baleares
El juez Castro también ha citado al socio de Urdangarín en el Instituto Nóos, Diego Torres, y a otras directivos vinculadas a esta fundación como Ana María Tejeiro, Marco Antonio Tejeiro, Salvador Trinxet y Miguel Tejeiro. A todos ellos les tomará declaración el próximo 5 de enero sobre los mismos hechos por los que se tomará declaración a Urdangarín.
También declararán como imputados en esta causa el exdirector general de Deportes del Govern, José Luis Pepote Ballester; el exdirector de la Fundación Illesport Gonzalo Bernal, y el exgerente del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía, citados el 25 de enero, para declarar sobre la génesis de los negocios del Govern balear con Urdangarin y Torres.
El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha confirmado la citación de Urdangarín para declarar ante los juzgados el día 6 y ha señalado que dicha fecha se podría adelantar si así lo solicita la representación legal del duque de Palma y lo permite la disponibilidad del juzgado, el Ministerio Fiscal y las partes personadas.
Inquietud de la familia real
El caso sobre el Instituto Nóos, que la policía ha llamado operación Babel, se inició de rebote al salir sus actividades en el sumario del caso Palma Arena, que instruye desde hace años el juez Castro en torno a numerosos casos de supuesta corrupción detectados durante el Gobierno de Matas.
El levantamiento del secreto de sumario de la pieza separada del caso Palma Arena que afecta a las actividades de Urdangarín se ha levantado al día siguiente de que el Rey hiciera públicas, por primera vez en 32 años, las cuentas de la Casa Real y pocos días después del difícil discurso navideño del Monarca.
Fuentes de la investigación ya adelantaron a EL PERIÓDICO que el levantamiento del secreto del sumario se avanzaría a finales de este mes y que coincidiría con la imputación del duque de Palma. En un principio, se había apuntado que ambas decisiones se postergarían hasta principios del año próximo, para concluir con calma y rigor el cotejo de los documentos incautados en los registros y el análisis de los testimonios. Finalmente, se ha optado por adelantar el calendario. El avanzado estado de los trabajos de rastreo y la inquietud que embarga a la familia real han precipitado las previsiones.
Apropiación de fondos públicos
El caso afecta de lleno a la posición del yerno del Rey, investigado por posible fraude a la Administración, apropiación de fondos públicos, falsedad documental, fraude fiscal y evasión de capitales, a partir de un entramado de empresas instrumentales creadas en torno al Instituto Nóos, que llegó a captar unos 17 millones de euros de instituciones públicas y empresas privadas.
Como el secreto de sumario se ha levantado al tiempo que se produce su imputación, la defensa de Urdangarín tendrá acceso a toda la documentación obrante en la pieza, cuyo secreto fue decretado el pasado julio por el juez instructor, José Castro. En la declaración de Urdangarín, todas las partes personadas podrán estar presentes y realizar preguntas que traten de matizar respuestas dadas al fiscal Pedro Horrach y al juez Castro.
