Aquel 25 de mayo del 2014 hubo 6.934 urnas en Cataluña para las elecciones al Parlamento europeo. A pocos metros de los colegios electorales, además, varias entidades colocaron 237 urnas para votar en el denominado multirreferéndum. Pero decenas de aquellas cajas de cartón hubo mucha gente que no las llegó ni a ver porque los Mossos las retiraron por orden del Govern de Artur Mas, quien a su vez obedeció el mandato del Tribunal Supremo Junta Electoral mediante.

El multirreferéndum fue una consulta auspiciada por diversos colectivos de izquierdas, entre ellos la CUP y quienes años después serían conocidos como los ‘comuns’, con Ada Colau al frente. En ella se invitaba a la ciudadanía a posicionarse sobre cuestiones como el pago de la deuda catalana, el macrocomplejo de ocio Barcelona World y los alimentos transgénicos. En total, según los organizadores, participaron 37.495 personas. Otras no pudieron hacerlo por la intervención de los Mossos, que obligaron a cerrar 148 mesas y acabaron denunciando a 15 personas por presunta desobediencia por resistirse a acatar la prohibición. Otros ocho voluntarios fueron acusados por parte de los apoderados de diferentes partidos de cometer un delito electoral.

Algunos de estos casos fueron archivados y otros comportaron una sanción de 20 euros para los condenados. La fiscalía de Barcelona, además, descartó a los pocos días proseguir con la investigación sobre el multirreferéndum al entender que “los hechos no rEl portavoz de la consulta popular, Albert Puy, ha argumentado el derecho a desobedecer la resolución de la Junta Electoral para defender una democracia más directa evisten caracteres de delito”. Pero el veto, o veto a medias si se quiere, ya no tenía marcha atrás.

Reclamaciones a la Junta Electoral

Aquel 25 de mayo del 2014 se empezaron a colocar mesas del multirreferéndum con aparente normalidad. Inicialmente parecía que la Conselleria d’Interior hacía la vista gorda, pero las reclamaciones de partidos como PP, UPD, Ciudadanos y Vox, que entendían que esa iniciativa podía influir en los votantes a la hora de depositar las papeletas de las elecciones europeas, llevaron a la Junta Electoral a reclamar la intervención del entonces Govern de CiU. Y así se hizo.

“¿Cuál es la opinión al respecto del presidente de la Generalitat?”, inquirió tres días después a Mas el entonces diputado de la CUP David Fernàndez en el pleno del Parlament. Antes había denunciado que se “desmantelaran” mesas, que se identificara a “500 personas” y que se levantaran actas por delito electoral y desobediencia.

“Yo he intentado siempre explicar que las cosas no solo se tienen que hacer, hacerlas está muy bien, pero además, se tienen que hacer bien, porque hacerlas puede llevar a estas situaciones. Si se hacen bien puede llevar a una situación mejor. Hacerlas de cualquier manera, y lo digo con respeto, puede obligar a estas actuaciones, sobre todo cuando has de cumplir determinadas resoluciones que son de estricto cumplimiento”, contestó el mandatario nacionalista.

Y añadió: “No es agradable para un Govern que promueve consultas y una ley de consultas tener que hacer que la policía actúe. Y reflexionen ustedes cuando hablan de eso si vale la pena poner a las instituciones catalanas en esta disyuntiva de tener que actuar”...

Descontento con la respuesta, Fernàndez volvió a preguntar a Mas qué “incidente electoral” había provocado el multirreferéndum y denunció de nuevo el “desmantelamiento técnico y político de una iniciativa que lo único que reivindica es más democracia”, a lo que Mas zanjó la cuestión con el siguiente comentario: “No se ha hecho mal la voluntad de ir a votar. Yo esta la defiendo absolutamente y me sabe muy mal que se tuviera que actuar de esta manera. ¿Qué se ha hecho mal? Simplemente, hacerlo coincidir con unas elecciones europeas. Hecho de otra manera hubiera sido perfecto y se hubiera podido votar”. Seis meses después tenía lugar el proceso participativo del 9-N.