Dos generaciones y dos estilos. El veterano terrorista José Luis Urrusolo Sistiaga (53 años) aseguró ayer en la Audiencia Nacional que "la lucha armada debía haber terminado hace tiempo", mientras su excompañero de filas Francisco Javier García Gaztelu, Txapote (44 años), en otra sala del mismo tribunal, mandó "al carajo" a los jueces que le persiguen por preparar atentados.

Urrusolo Sistiaga tiene uno de los historiales más violentos de la banda y fue uno de los etarras más escurridizos hasta que fue detenido por la policía francesa en 1997. "Soy un importante dirigente de ETA", dijo cuando lo arrestaron. Sin embargo, según la versión que ofreció ayer en el juicio en el que se enfrenta a 128 años de cárcel y tres millones de euros por un triple asesinato de policías en Madrid en 1991, abandonó la organización terrorista en 1994.

Urrusolo también recordó que ha firmado numerosos escritos a favor del fin de ETA. Y sentenció: "La lucha de la banda armada debió haber terminado hace tiempo". No obstante, su nueva posición no le ayudó a refrescar su memoria y en la mayoría de las ocasiones se acogió al socorrido "no recuerdo" para contestar a las preguntas sobre su relación con el envío de un paquete bomba en 1991 al Ministerio de Justicia que acabó en la central de Correos y que, al estallar, mató a tres agentes. Por su parte, Txapote , que fue jefe militar de ETA, mantuvo su estilo bronco y su actitud agresiva en otro juicio por ordenar buscar información de los movimientos de jueces, políticos, militares y policías para atentar contra ellos.

NUEVA CONDENA Txapote espetó a la presidenta del tribunal, Angela Murillo, que se fuera "al carajo" cuando le preguntó si iba a contestar a las preguntas que le iban a formular el fiscal y su defensa. La respuesta de la presidenta no se hizo esperar: ordenó a los policías que trasladaran al terrorista a la llamada pecera, una sala blindada que le separa del tribunal. Al final de la sesión, Txapote fue nuevamente reprendido por lanzar besos hacia el tribunal. Precisamente, ayer la Audiencia Nacional impuso a este etarra una condena de nueve años de cárcel por trasladar 2.000 kilos de explosivos a Madrid en 1999.