El juez del Tribunal Supremo (TS) Luciano Varela torpedeó ayer la pretensión de Baltasar Garzón de trabajar como asesor del fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI), Luis Moreno Ocampo. El magistrado decidió que su colega debe ser juzgado por prevaricación por investigar los crímenes de la guerra civil y la dictadura. Poco después, siete vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) forzaron un pleno extraordinario (mañana) para suspender al togado de la Audiencia Nacional. La comisión permanente de este organismo reclamó además cuatro informes antes de decidir si autoriza o no el traslado de Garzón al TPI.

Varela comunicó su decisión por la mañana y pidió al presidente de la sala penal, Juan Saavedra, que se la comunicara oficialmente al CGPJ. El auto de apertura de juicio oral llegó al órgano de gobierno de los jueces hacia las 11.30 horas. El presidente de este organismo, Carlos Dívar, informó a los cuatro vocales que integran la comisión permanente que en esos momentos estaba estudiando la petición de Garzón, que ha pedido una excedencia por servicios especiales para trasladarse a La Haya.

LA DECISION Inmediatamente, siete vocales conservadores solicitaron la celebración de un pleno extraordinario para echar cuanto antes a Garzón de su despacho. El CGPJ ya tiene convocado uno para el próximo miércoles, pero la derecha judicial quiere adelantarse a la decisión de la comisión permanente de autorizar el traslado del magistrado al TPI. En el pleno de mañana no podrán participar el vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, ni tampoco los vocales Margarita Robles y José Manuel Gómez Benítez. Los dos primeros fueron recusados por el propio Garzón y el tercero se ha apartado de la causa por haber sido abogado del magistrado de la Audiencia Nacional.

En el caso de que el Poder Judicial suspenda a Garzón mañana, la comisión permanente dejará en suspenso la petición del juez, ya que solo se puede conceder una excedencia por servicios especiales si el magistrado está en activo. Dicha comisión ha solicitado además cuatro informes a distintos organismos antes de resolver la solicitud del togado, por lo que ha pospuesto su dictamen final hasta que tenga en sus manos los documentos.

Este cambio de paso lo promovió el propio Varela, pues le faltó tiempo para hacer público el auto de apertura de juicio oral. De hecho, el magistrado del TS despachó ayer cuatro resoluciones, ya que no podía dictar el auto sin resolver los recursos presentados por el imputado. El juez rechazó el recurso del letrado de Garzón, Gonzalo Martínez Fresneda, contra su decisión de transformar este proceso en procedimiento abreviado sin haber practicado ninguna de las pruebas que le propuso, como la declaración de varios juristas expertos en derecho internacional y del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza.