El urbanismo en Marbella vuelve a situarse en el punto de mira, especialmente de muchos vecinos que, después de haber soportado durante una década larga las tropelías del fallecido Jesús Gil, no están dispuestos a dejar pasar una. Su última batalla --y la que menos esperaban dar-- la libran contra el gobierno municipal que preside Angeles Muñoz (PP), que ha optado por adelantar la ejecución del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para conceder licencias provisionales y reactivar así la economía de la ciudad.

El problema es que aún no se ha aprobado definitivamente el plan y, por si fuera poco, la iniciativa fue a pleno sin el preceptivo informe jurídico. El mismo patrón que llevó a la cárcel a los concejales del partido de Gil.

Diversas asociaciones vecinales y los ecologistas han puesto el grito en el cielo, alertando de que esta medida supone, de facto, la amnistía a todos los desmanes de las anteriores corporaciones. La polémica propuesta fue aprobada en pleno únicamente por el PP. Pese a contar con el respaldo de la Junta de Andalucía, el PSOE se abstuvo al carecer del citado informe jurídico --innecesario según los populares por ser un acuerdo político--, mientras que IU se opuso.

RESPUESTA A LA CRISIS El argumento esgrimido por la alcaldesa es sencillo: por culpa de la crisis económica, la reactivación de la ciudad y la mejora de su imagen pasa por adelantar la puesta en marcha del PGOU, que regulariza 18.000 viviendas ilegales a cambio de que los constructores adquieran suelo (o cedan sus zonas comunes) para la ciudad por valor de cerca de 1,8 millones de metros cuadrados.

Mientras el plan se aprueba definitivamente a primeros del 2009, la solución es conceder en precario licencias de apertura y de obras y permisos de primera ocupación a los 600 comercios y las miles de viviendas que quedarán dentro de la legalidad. Para obtenerlas, los promotores deberán presentar el aval de la compensación que les exigirá el PGOU en el futuro, así como la renuncia por escrito a cualquier indemnización si el plan no ampara su viabilidad jurídica y, por tanto, se revoca el permiso.

La iniciativa ha sido aplaudida, evidentemente, por los promotores --que podrán entregar legalmente los pisos a sus compradores-- y por las asociaciones de comerciantes, que criticaban que sus miembros llevaban años trabajando en precario.

Pero el entusiasmo no ha sido general. "El gran perjudicado será el pueblo de Marbella, al que se le negarán las infraestructuras que necesita", critica Rafael Avila, portavoz de Ecologistas en Acción. Esta organización teme que, al final, ni siquiera se cobren las compensaciones a los promotores, con la excusa de que en su momento ya cedieron terreno. "¿Para qué llevamos dos años trabajando en un nuevo ordenamiento, para volver a la era de Gil?", se lamenta Alejandro Dogan, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos.

Como otras entidades, esta federación piensa impugnar una medida que, a su juicio, supone "una amnistía encubierta" que ampara actuaciones ilegales de las anteriores corporaciones. Dogan recita una larga lista de ejemplos, entre los que destaca el Hotel Senator, cuya licencia fue suspendida al invadir equipamiento público. Ahora, encontraría amparo en el nuevo plan cediendo un bloque de 99 apartamentos construido con la misma licencia hotelera. La empresa propietaria, no obstante, pretende su regularización con una tercera parte de los pisos.

MALAS ARTES Los derechos de los vecinos se vieron mermados porque les plantaron competencia con malas artes (caso del Meliá Don Pepe, a escasos metros del Senator) o porque, al mudarse, les indicaron que enfrente tendrían una zona deportiva, jardines o vistas al mar. "Ahora, cuando levantan la persiana, ven una pared de ladrillo", subraya Dogan. Los afectados exigen que antes de otorgar cualquier permiso se apruebe el PGOU. Dogan alerta de que "al final, se acabará vendiendo de nuevo el patrimonio de Marbella".