A solo cuatro días de que se disuelvan las Cortes y se convoquen elecciones, el Congreso de los Diputados fue ayer escenario de un intenso debate sobre las relaciones entre el Gobierno y la Iglesia. La causa: la manifestación que los obispos celebraron el 30 de diciembre en Madrid contra leyes como el matrimonio homosexual y el divorcio exprés. La vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, acusó a "una parte" de la jerarquía eclesiástica española de "vulnerar el respeto debido" al Ejecutivo y al Parlamento. Y subrayó que ese pulso a "dos poderes legítimos" se hizo "faltando a la verdad".
De la Vega advirtió a la cúpula católica de que ni el Gobierno ni la sociedad toleran hoy "tutelas morales", como sucedía en tiempos en que "una única moral era impuesta a todos los españoles".
La número dos del Ejecutivo defendió las actuaciones del Gobierno y expresó la voluntad del PSOE de seguir avanzando en el camino de la "laicidad". Pero no se comprometió a revisar los acuerdos con la Santa Sede de 1979 y a suprimir numerosos privilegios que aún disfruta la Iglesia en España, como le habían pedido IU-ICV y ERC. Asimismo, rechazó llamar a consultas al embajador ante el Vaticano, Francisco Vázquez, como protesta por el apoyo del Papa al acto en Madrid.
