Aún convalecientes de la sorpresa inicial causada por el editorial conjunto de los diarios catalanes y las adhesiones recogidas, Gobierno y oposición siguieron ayer en Madrid fieles al guión de máxima prudencia en el debate sobre la sentencia del Estatut, impuesto el día antes por sus líderes. Solo el Ejecutivo dio un paso más allá del camino señalado por su presidente. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, llamó a "aparcar el alarmismo" porque, dijo, la sentencia será, sin duda, "razonada y razonable". "Calma y sosiego", recetó, insinuando que la actual agitación perjudica tanto a la legitimidad del Tribunal Constitucional (TC) como la de la propia Carta catalana.
Al Gobierno no le incomoda en absoluto la suma de adhesiones. El objetivo que persiguen es el mismo que tiene José Luis Rodríguez Zapatero: lograr una sentencia que deje indemne el Estatut. "El presidente trabaja para ello en la sombra y entiende que tanto los partidos como la sociedad catalana están en su papel", dijo ayer un ministro.
DOS TEMORES En este escenario, la Moncloa solo alberga dos temores. El primero, que las críticas no salpiquen al propio Zapatero y se dirijan al PP, el partido que ha interpuesto el principal recurso de inconstitucionalidad y que más ha presionado al TC. Así se lo ha hecho saber al presidente de la Generalitat, José Montilla, al observar que en las advertencias públicas lanzadas en las dos últimas semanas no se diferenciaba lo suficiente el distinto papel que Zapatero y Rajoy han tenido en el desaguisado.
El otro temor es que la movilización sea interpretada como presión por parte de los miembros del Constitucional, que ahora dudan con qué bando quedarse. Ahí encaja el mensaje de De la Vega, más dirigido a proteger a los magistrados ("el Constitucional tiene plena legitimidad", insistió en varias ocasiones) que a calmar de verdad a la sociedad civil catalana. "El Gobierno sigue convencido de que es mejor una no sentencia que una mala sentencia", señaló ayer otro alto cargo que admitió, no obstante, que la "capacidad de control del Gobierno sobre lo que ocurre en el seno del TC es limitada".
Un camino para retrasar el veredicto e influir en su signo sería abordar ya la renovación de los cuatro miembros del máximo tribunal cuyo mandato expiró hace más de dos años. De la Vega recordó que para ello es necesario un acuerdo con el PP. Un consenso hoy por hoy inviable, según dio a entender. A preguntas de los informadores admitió que la cuestión se abordará, junto a otros temas, en el encuentro que, según anunció, Zapatero tiene la intención de mantener con el presidente del PP, Mariano Rajoy, durante el mes de diciembre, aunque por lo dicho ayer por De la Vega no parece que el líder socialista vaya a poner un especial empeño en desbloquear la renovación.
MANTENER EL TONO Por su lado, Rajoy mantiene vigentes las directrices que dio al PP el jueves, cuando se hizo público el editorial de la prensa catalana: convertir a Zapatero en el "responsable del lío del Estatut", intentando no molestar ni herir la sensibilidad de Cataluña. Con esta orden sobre la mesa, los máximos dirigentes del partido están trabajando para tratar de controlar el mensaje oficial.
Ayer, el propio Rajoy tuvo que salir a la palestra mediática. Un día más, se resistió a valorar el texto consensuado por los periódicos catalanes o las adhesiones que ha recibido. El líder conservador se limitó a defender la legalidad vigente y al TC como su garante. "Todos estamos bajo el imperio de la ley y por encima de la ley, no hay nada", subrayó. Algo menos ceremonioso se mostró el portavoz de justicia de los populares, Federico Trillo, que criticó el citado editorial por su forma, sin decir ni una palabra de su fondo: "la uniformidad no es propia de una sociedad y prensa abierta", recalcó el exministro que, de paso, dio un tirón de orejas al alto Tribunal por estarse tomando con una inusitada calma un tema de tanta trascendencia.
El eurodiputado Jaime Mayor Oreja olvidó la consigna de su partido para gestionar la polémica y, en un acto de la FAES, afirmó que el Estatut y la nueva ley del aborto están detrás de la "crisis nacional y de valores" que, a su juicio, vive España.
