La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha exigido hoy al exsecretario general del PP Francisco Álvarez-Cascos que rectifique "de inmediato" sus acusaciones sobre la actuación de la Policía en el caso Gürtel o acuda con pruebas a los tribunales.

Fernández de la Vega ha asegurado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que estas declaraciones de Álvarez-Cascos son de "extrema gravedad" y ha subrayado que el PP debe exigir su rectificación para defender el buen nombre de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Álvarez-Cascos ha asegurado esta mañana que la causa del caso Gürtel "está viciada de origen" por la "animadversión pública y proclamada" del juez instructor, Baltasar Garzón, contra el PP y la existencia de "una camarilla policial" dedicada a "falsificar papeles y preconstituir pruebas".

INADMISIBLE EN DEMOCRACIA

"En un Estado de Derecho, el que acusa debe presentar pruebas", ha aseverado la vicepresidenta primera, quien ha insistido en que Álvarez-Cascos "tiene que rectificar" porque "no se puede admitir en democracia una acusación tan gravísima sin pruebas a la Policía".

"Respetamos la actuación 100% de los jueces, está fuera de toda duda y esta es una posición indiscutible del Gobierno", ha comenzado advirtiendo Fernández de la Vega al referirse al levantamiento del secreto del caso Gürtel.

EXPLICACIONES DE LO SUCEDIDO

Ha agregado que, con independencia de la investigación judicial, "en el ámbito político" los "máximos responsables" del Partido Popular deben "elevar el nivel de exigencia sobre lo que está ocurriendo dentro de sus filas y explicar lo sucedido y lo que está sucediendo".

Ha hecho hincapié en que "en política no vale todo" y hay que adoptar decisiones "claras" y "contundentes" contra la corrupción, para que sean entendidas por los ciudadanos y que estos "sepan que no está justificada ninguna actuación contra la corrupción":

RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

"Hay conductas que no se pueden consentir, con independencia de cuál sea la decisión final de la Justicia. Es exigible información, explicaciones y asunción de responsabilidades políticas", ha concluido.