El Gobierno no abandonará su proyecto de modificación de la ley de libertad religiosa de 1980, a pesar de que el PSOE no ha expresado un gran entusiasmo por ello. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega insistió ayer en que el objetivo es adaptar la ley a la nueva realidad de la sociedad española y que eso pasa por incorporar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la libertad de conciencia.
En su comparecencia en el Senado, para explicar sus proyectos de legislatura, De la Vega incidió en que la reforma no irá contra nadie y que no vulnerará el artículo 16 de la Constitución, sino que lo refuerza cuando detalla que "ninguna confesión tendrá carácter estatal". Pero abrir ese cuestión podría suponer un gran debate sobre el laicismo, algo que los socialistas no tienen en sus planes para esta legislatura.
