La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, manifestó ayer que la ilegalización de Batasuna no comporta la "suspensión, limitación o desaparición de los derechos fundamentales de las personas", entre los que citó los de "reunión" y "manifestación". Sin embargo, recalcó que son los jueces los que deben decidir sobre la legitimidad del congreso que la formación aberzale ha convocado para el 21 de enero.
De la Vega negó con rotundidad que el Ejecutivo se plantee modificar la ley de partidos políticos, un día después de que José Luis Rodríguez Zapatero manifestara en un encuentro informal con periodistas que dicha norma es muy restrictiva de algunos derechos. En la misma línea del presidente, la número dos del Gobierno insistió en que cualquier controversia sobre la aplicación de la ley la deben resolver en exclusiva los jueces.
Sobre las palabras de Mariano Rajoy, que achacó a Zapatero una "cobardía sin límites" ante Batasuna, De la Vega acusó al líder del PP de "dividir" e "insultar", en vez de "unir" y "sumar".
El Gobierno vasco, que ha defendido estos días la celebración del acto, se mostró implacable al criticar la actitud del PP contra el congreso de Batasuna. Fue el consejero de Interior, Javier Balza (PNV), quien se dirigió por escrito a los populares para rechazar su requerimiento de que impida la reunión prevista para el próximo día 21 en Barakaldo.
CORRESPONDE A LA JUSTICIA El consejero vasco recordó a los populares que no es el poder Ejecutivo quien debe decidir sobre este asunto, porque "sólo corresponde a la justicia" dictaminar si la cita aberzale vulnera "decisiones judiciales previas". Balza recalcó también que al tratarse de un acto que se celebrará en un recinto cerrado, la autoridad gubernativa no puede realizar ningún control ni autorización previa del mismo.
