María Teresa Fernández de la Vega avisó ayer de que el objetivo de la ley de memoria histórica no es establecer "distinciones" entre las víctimas de la guerra civil ni entrar en "análisis históricos" o "juicios sobre el origen", sino reconocer derechos a los que la sufrieron. De esta forma, la vicepresidenta advertía a CiU de que su pretensión de que se reconozcan expresamente los abusos en la retaguardia republicana no tiene visos de prosperar. El proyecto aún está en fase de enmiendas, aunque ha permanecido dormido ante las dificultades para aprobarlo. En cualquier caso, De la Vega expresó su convicción de que el Parlamento no entrará en esta cuestión.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, De la Vega también reafirmó el empeño del Ejecutivo de encarar lo que resta de legislatura con la misma "pasión e intensidad" desplegada durante el inicio del mandato de Zapatero. Así, intentó rebatir las acusaciones del PP en el sentido de que la legislatura está agotada y ya no queda por tramitar ningún proyecto atractivo para los ciudadanos. Por eso, reafirmó el compromiso de avanzar en su política social y de extensión de derechos, a través del desarrollo de leyes ambiciosas, como las de dependencia e igualdad y prestaciones sociales, como la ayuda de 2.500 euros por hijo propio o adoptado.

LEYES PENDIENTES Esta medida se tramitará en el Parlamento en breve, por lo que se espera que empiece a aplicarse a finales de noviembre. Además, confió en que leyes como la de responsabilidad ambiental, biodiversidad, cine, lengua de signos y adopción internacional estén listas antes de fin de año.