El Gobierno convocará a los grupos parlamentarios en 15 días para proponerles un endurecimiento de la ley de extranjería. Lo hará María Teresa Fernández de la Vega en una jornada aún por concretar en la última semana de septiembre, según fuentes de Vicepresidencia. El Ejecutivo no es partidario de "legislar en caliente", pero ha terminado por asumir que introducir ajustes en la normativa sobre extranjería puede ayudar a atajar la crisis migratoria o, al menos, a paliar el ruido mediático que provoca.

SIN DETALLES El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, confirmó durante la sesión de control parlamentario lo que avanzó ayer este diario, que el Gobierno estudia cambios legislativos que contribuyan a paliar la crisis migratoria y que buscará el consenso de los demás partidos. Rubalcaba no quiso adelantar detalles, pero se refirió al aumento del periodo de internamiento de los inmigrantes en los centros de acogida para facilitar los trámites de repatriación.

La Vicepresidencia comenzó a estudiar estos cambios el 25 de agosto, en el primer Consejo de Ministros después de un verano plagado de cayucos cargados de subsaharianos arribando a las costas canarias. Una reunión en la que el Ejecutivo tomó conciencia de que la inmigración ilegal sería la piedra angular de la oposición, no solo del PP, sino también de Coalición Canaria en la pugna por sostener el Gobierno del archipiélago. Ayer ese enfrentamiento quedó en evidencia en la dureza con la que De la Vega reprochó al portavoz canario, Paulino Rivero, que exija al Gobierno "acciones concretas" cuando el Ejecutivo de las islas ni siquiera ha firmado el plan de acogida de inmigrantes.

Desde aquella reunión de agosto, el Ejecutivo ha desplegado una batería de medidas para afrontar la inmigración ilegal, desde el reforzamiento del control de fronteras, a las peticiones a la Unión Europea, como la gestión diplomática en los países africanos para asegurar las repatriaciones y evitar las salidas. Unida a la gestión inmediata, el Gobierno abrió el melón normativo para estudiar mejoras tanto en la ley de extranjería como en su reglamento.

"A LA DESESPERADA" El trabajo está prácticamente acabado, según fuentes de vicepresidencia, pero el Gobierno no lo hará público hasta pasar el filtro de los grupos parlamentarios. El PP, que el lunes exigió una reforma legal, consideró ayer "una tomadura de pelo" que el Gobierno la anuncie sin concretar en qué consistirá. Su responsable, Ana Pastor, concluyó que el Ejecutivo "está con el agua al cuello" y actúa "a la desesperada".

Tampoco será fácil llegar a acuerdos con los habituales socios del Gobierno ni con los aspirantes a serlo. El diputado de CiU, Carles Campuzano, cree que no puede "legislarse a golpe de noticia". "Llevamos ya muchas reformas y los resultados a la vista están", añadió. Joan Herrera (IU-ICV) considera que un endurecimiento de la ley sitúa al PSOE en un "discurso antiguo" que contribuye a dar alas a la "demagogia del PP".