El Gobierno está empeñado en controlar qué uso hacen las comunidades del dinero que les transfiere la Administración central para la prestación de servicios básicos como la sanidad. Es decir, que el Ejecutivo quiere asegurarse que las autonomías no desvían mayoritariamente esos fondos a inversiones no prioritarias socialmente.
Preguntada al respecto de lo que ella misma había avanzado el jueves, ayer la vicepresidenta De la Vega no quiso entrar en detalles. Pero insistió en que cuando se reforme la ley de financiación de las comunidades autónomas, la LOFCA, será el momento de incorporar lo que ya establecen los estatutos autonómicos: que se garantizará que todos los ciudadanos tengan cubiertos sus "derechos básicos en igualdad".
El objetivo del Gobierno no es controlar en su totalidad las inversiones de las comunidades en sanidad pública, pero sí evitar que se desvíen grandes partidas a otros fines. Ese es, por ejemplo, el motivo de enfrentamiento político entre el Ejecutivo y el Gobierno de Esperanza Aguirre.
Lo cierto es que ya en el 2005 estas intenciones del Gobierno chocaron con el rechazo de los presidentes autonómicos a un uso finalista de la financiación sanitaria. Arguyeron su derecho a gestionar sus presupuestos y no verse encorsetados por un destino cerrado de todas las partidas que la Administración central les aporta en base al modelo de financiación.
Por su parte, el consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, se defendió afirmando que se ha aumentado un 45,3% el gasto y se han construido ocho hospitales y 56 centros de salud.
