El patio político catalán andaba esta semana revuelto por las últimas revelaciones sobre el rechazo de una mayoría de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) al Estatut, y la vicepresidenta primera del Gobierno quiso dar ayer un golpe sobre la mesa. Como si de una riña pública se tratase, María Teresa Fernández de la Vega recordó a la Generalitat de Cataluña que no es el momento de presionar a los miembros del alto tribunal. Una advertencia en la que no hizo distinciones entre los integrantes del tripartito, pese a que solo unas horas antes, el consejero de Interior, Joan Saura, había reclamado a los integrantes del Constitucional que dimitan "en bloque".

La reclamación de Saura es idéntica a la que hizo el pasado fin de semana el líder de CiU, Artur Mas, pese a que este no tiene responsabilidades de gobierno. Y tampoco difiere en exceso de las palabras pronunciadas al respecto por otros miembros del Ejecutivo catalán. El propio president, José Montilla, avisó el lunes de que una sentencia que lamine el Estatut supondría "desautorizar la voluntad popular, la de las Cortes y la del Parlament ". Y el jueves, después de que Zapatero exigiese acatar el fallo, advirtió de que una sentencia contraria a la carta catalana tendría consecuencias políticas.