La sentencia del Tribunal Constitucional debe ser más que suficiente, a juicio del Gobierno, para que cualquier otra instancia europea bloquee también la consulta convocada por el lendakari Ibarretxe. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, consideró ayer, tras el Consejo de Ministros, que el Constitucional le ha dado la razón al Gobierno, que quiso desde el primer momento restar importancia a la decisión del lendakari y aferrarse a los "instrumentos legales" del Estado de derecho. De la Vega consideró, tras la pretensión del lendakari Ibarretxe de trasladar la cuestión al tribunal europeo, que "es muy libre de llamar a las puertas que quiera". Pero se mostró "convencida" de que Estrasburgo "no aceptará un desafío contra la ley como el que plantea el señor Ibarretxe".

De la Vega aprovechó la sentencia del Constitucional para reiterar el mensaje que ha trasladado al nacionalismo vasco en los últimos meses. Ante la proximidad de las elecciones en Euskadi, en las que los socialistas aspiran a desbancar al PNV, en el poder desde la recuperación de la democracia, De la Vega aseguró que los ciudadanos vascos quieren "más autogobierno, pero no más confrontación". Con esa aseveración, la vicepresidenta quiso dejar claro que cualquier mejora en el autogobierno debe respetar la Constitución, porque "son compatibles".

El Gobierno, en todo caso, consideraba que, después de algunas afirmaciones de dirigentes del PNV, el lendakari Ibarretxe renunciaría a su consulta tras la sentencia del Tribunal Constitucional. La perseverancia del jefe del Ejecutivo vasco llevó a De la Vega a asegurar que mantiene su apuesta "por un plan que divide a la sociedad vasca y que es contrario a la Constitución".

La cuestión es que el Gobierno español defenderá su posición, avalado por la sentencia del alto tribunal, si Ibarretxe acude finalmente ante el tribunal europeo. La sentencia también ha permitido al Gobierno dejar claro que el Partido Popular se equivocaba cuando quiso forzar al Ejecutivo a rechazar el plan soberanista antes de que fuera aprobado por el Parlamento vasco.