El exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados apretó ayer lunes el botón rojo del ventilador para esparcir los supuestos trapos sucios del que fue su partido, en una clara estrategia de defensa que, de salirle bien, difuminaría su presunta responsabilidad en la trama Púnica. Él, que no asumió haber sido parte ante el juez Manuel García Castellón de una hipotética trama de financiación ilegal para dopar las campañas de Esperanza Aguirre de 2007 y 2011, sí señaló sin embargo a la propia Aguirre, a Ignacio González y a Cristina Cifuentes. Los definió como conocedores de ese perverso sistema que, según su versión, les permitía sobrepasar los límites marcados por la ley cuando llegaban los comicios, utilizando dinero público de la Comunidad madrileña una vez que se acababan los fondos del partido para sufragar gastos electorales.
Lo que no aportó Granados fue ninguna prueba documental para sustentar sus graves acusaciones contra los que antaño fueron sus compañeros de gobierno y de dirección de partido, Aguirre y González. Tampoco contra Cifuentes, quien según el exsecretario general del PP madrileño estuvo en el «núcleo de control» de las corruptelas a raíz de una supuesta relación sentimental con Ignacio González que habría terminado hace tiempo. De este comentario propio del mundo del corazón con aspiraciones a indicio judicial no dio más detalles, aunque la ahora presidenta de Madrid ya ha anunciado querella.
DINERO PÚBLICO / Granados le dio ayer un mal día al PP, pero no será el único. Con el giro que ha dado su estrategia de defensa, y su relato ante la Audiencia Nacional -a la que acudió a declarar a petición propia para aportar nuevos datos sobre el caso Púnica-su declaración fue interrumpida una vez que respondió a las preguntas de su abogado. Se retomará el día 20 de febrero. Terminada la primera jornada, compareció ante los periodistas y aseveró que él no había acusado «a nadie», que se había limitado «a defenderse». Pero admitió que había apuntado a Aguirre como la candidata (y a la sazón presidenta del PP en aquellos años) que en 2007 y 2011 se habría beneficiado de una «campaña paralela de refuerzo», controlada por González y que habría transcurrido al margen de los actos preelectorales «legales y contabilizados» que sí se controlaban por el partido. O sea, por él mismo. Los mítines «de refuerzo», continuó, se sufragaban sin embargo con «gastos de publicidad» que se cargaban a empresas del ámbito del gobierno regional.
Fuentes presentes en su declaración, que se produjo a puerta cerrada en la Audiencia, indicaron que ante el juez sí especificó que los fondos opacos provenían del Canal de Isabel II, empresa asimismo investigada en el caso Lezo, cuyo supuesto cabecilla es Ignacio González.
Granados lanzó avisos ayer pero sin llegar a desplegar datos concluyentes. Al menos, de momento. E insistiendo en que él nada tenía que ver con esa hipotética financiación paralela pese a ocupar entonces el cargo de secretario general de su organización. Un puesto que tuvo hasta que Aguirre perdió la confianza en él (la aparición de una cuenta en Suiza a nombre de Granados fue decisiva) y optó por sustituirlo por quien entonces era su mano derecha, Ignacio González.
Precisamente de esa confianza mutua que se tenían Aguirre y González -también con serios problemas judiciales a sus espaldas por corrupción- habló Granados ante el magistrado García Castellón. Indicó que ambos controlaban juntos todos los asuntos que pasaban por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y que, actualmente, están siendo investigados por el magistrado. Para ahondar en esa tesis de control conjunto llegó a decir que entre los dos decidían todos los nombramientos de la Administración, incluso los de segundos o terceros escalones.
Ese comentario lo usó Granados a modo preparatorio para quitase responsabilidad en el caso de la extinta Arpegio (lo haría además con las sospechas sobre el Plan Prisma) empresa pública del suelo vinculada a la trama. En esto, según recalcó, tampoco tuvo él responsabilidad alegando que quien se ocupaba de todo era el exconsejero delegado, Eduardo Larraz, por orden de Aguirre. Se da la circunstancia de que Larraz está investigado en la Púnica por diversas irregularidades, después de que le descubrieran una cuenta en Suiza 146 lingotes de oro. Respecto al capital que el propio Granados atesoraba en ese mismo país, 1,6 millones de euros, incidió en que es fruto de su actividad en bolsa cuando trabaja en la entidad Crédit Lyonnais y que cuando traspasó esta cantidad a su exsocio David Marjaliza, este le cobró una comisión de 200.000 euros por la operación de blanqueo.
Mientras, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, dio poca importancia a la declaración de Granados y recordó que cuando alguien pretende inculpara a otro «hay que probarlo». «Si no se prueba, no es más que un titular de prensa», añadió. «Todos estos asuntos que nos preocupan y nos sonrojan, son temas del pasado. Es verdad que todas esas personas que estaban implicadas en esos asuntos, están fuera del PP. Hemos hecho muchas cosas para que esto no vuelva a suceder», expresó Catalá en una entrevista en El programa de Ana Rosa.
