Nunca antes dos dirigentes habían trasladado a las bases de su partido la decisión sobre si su credibilidad política se ve o no cuestionada por un asunto privado. Que sea una consulta a los inscritos de Podemos la forma en que Pablo Iglesias e Irene Montero pretenden zanjar el debate abierto en el seno del partido por la compra de un chalet de 660.000 euros en la sierra de Madrid no tiene precedentes. Pero sí los tiene, y muchos, que una cuestión a priori privada como la casa en la que se decide vivir suscite interés público. Lo vieron los expresidentes del Gobierno José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, cuyas viviendas aparecieron en las prensa. O el líder del PSOE, Pedro Sánchez, que se vio obligado a explicar a qué interés había pagado la hipoteca que había firmado con Caja Madrid.
“Hay aspectos de tu vida que si no los haces públicos, no tienen por qué conocerse. Lo íntimo nunca se debe publicar”, señala el catedrático de Derecho Constitucional Joaquín Urías. El problema es que “lo íntimo no está tasado”. “Incluso los personajes con responsabilidades públicas tienen protegido un ámbito de privacidad, como sus hijos”, señala Joan Barata, jurista especializado en la materia de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Expresión (PDLI). Las dos hijas menores de edad del expresidente Zapatero aparecieron en la prensa cuando se publicó la que iba a ser una fotografía privada con los Barack Obama. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional marca unos límites sobre lo que es o no publicable: la veracidad y el interés público de la información. Pero, ¿qué tiene interés público?
“El tema es complicado porque una norma no puede prever de antemano y en abstracto, siempre hay que mirar cada caso”, indica Urías. Una postura que también defiende el doctor en Ciencia Política Juan Rodríguez Teruel: “Hay que desconfiar de los límites por normativa legal. No creo que deba ser nuestra prioridad fijar líneas rojas, porque si las normas chocan con lo que la gente opina, se deslegitiman”. El politólogo defiende que es la sociedad la que va definiendo esos límites. “Y los medios desempeñan un papel importante. Si comparten líneas rojas no traspasables, será más fácil contener la intromisión en la vida privada”.
Hay culturas en las que la vida privada queda al margen, mientras que en los países más al sur es un elemento más de la acción política. “Si hay contradicción, aceptamos que se politice”, señala Rodríguez Teruel. Urías recuerda el caso de un diputado británico que defendía públicamente que no se legalizara el matrimonio homosexual y más tarde se publicó que él mismo era gay. Un hecho privado, como la orientación sexual, pasaba a tener interés público. “En el caso del chalet de Podemos, una cuestión que originalmente sería privada se convierte en pública”, defiende Barata, aunque cree que “se han cometido excesos”. “Hay detalles que a efectos de interés público no son relevantes, como la dirección exacta de la casa, que puede conllevar problemas de seguridad”, sostiene el jurista.
El presidente de la FAPE, Nemesio Rodríguez, apunta que el derecho al honor de los personajes públicos “es más reducido que el de los ciudadanos privados, porque deben aceptar las críticas y porque se les permite un acceso a los medios para defenderse, posibilidad de la que carecen los ciudadanos”. El código deontológico de los periodistas recoge que “la intromisión en la vida privada de las personas solo se justifica demostrando que tiene un claro interés público”, recuerda, aunque “lo difícil es definirlo”. “El periodista tiene que prepararse para poder argumentar que hay interés público en su trabajo”, añade Barata.
Para Rodríguez Teruel, lo politizable depende del momento: “Creo que ha crecido un rigorismo con respecto a aspectos de la vida privada de los políticos”. Y aclara que “no se aplica de forma homogénea a todos. Se hace en virtud de quienes, más que caer en la contradicción, han usado ese rigorismo moral, como el propio Iglesias”. Fue el líder de Podemos el que situó en el centro del discurso el modo de vivir de los políticos, la “casta”. Por este mismo motivo, Urías no cree que lo politizable cambie con el tiempo, sino que “se vincula con la actitud de cada uno”. “Al decir que los políticos deben vivir de una forma, Iglesias hace politizable el lugar en el que vive”, sostiene el catedrático.
