El excomisario José Manuel Villarejo ha vuelto a utilizar ante el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea su excusa preferida: que actuó en nombre del Estado para tratar de mediar en los problemas existentes entre el Rey emérito Juan Carlos y quien fue su pareja durante unos años, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, circunstancia en la que situó la reunión que mantuvo con ella en Londres en 2015, según fuentes jurídicas.

Villarejo, imputado por cohecho, organización criminal y blanqueo en la causa en la que se investigan las cloacas policiales, solo accedió a contestar a las preguntas del magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 y de su defensa, pero a ninguna de la Fiscalía Anticorrupción.

No obstante, se negó a responder a alguna cuestión que entendió "comprometida" que le realizó el juez, que le interrogó en la pieza abierta por las grabaciones de Corinna y en la abierta al comisario Enrique García Castaño, imputado por proporcionarle, a cambio de dinero, información que obtenía a través de medios policiales de las personas que eran objeto de seguimiento por parte de Villarejo. Ambas están secretas y fuentes jurídicas auguran que hay mucha prueba por practicar antes de dar por concluida esta parte de la investigación.

El excomisario llegó en ambulancia a la Audiencia desde la prisión de Estremera en la que está internado desde noviembre del año pasado. De hecho había intentado suspender la comparecencia alegando problemas en la espalda. Ante el magistrado declaró por espacio de una hora y media, en la que la mayor tiempo se dedicó a la pieza referida a García Castaño.

Entramado empresarial

Según las fuentes consultadas, justificó en ese hipotético trabajo al servicio del Estado su entramado de empresas y en concreto la reunión mantenida con Corinna, en cuya grabación ella asegura haber sido testaferro de Juan Carlos, según las grabaciones adelantadas por Okdiario y Elespañol. Esta misma semana el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldan, ha declarado en los juzgados de Plaza de Castilla por una querella por injurias contra el organismo presentada contra el excomisario.

Esos audios, que forman parte de la ingente cantidad intervenida en los registros de la operación Tándem, se intervinieron en el domicilio del abogado Rafael Redondo, aunque el propio Villarejo les ha otorgado veracidad al desvincularse de su filtración en un comunicado en el que insinuaba que se produjeron por la policía que examinaba las grabaciones. Su defensa añadía que se había "opuesto continuamente al volcado y análisis de los discos duros hallados en las viviendas de El Montecillo y de Estepona" del excomisario por "expreso deseo" de este.