Cierre de filas contra el Tribunal Supremo por condenar a Juan María Atutxa (PNV) y a los miembros de la Mesa del Parlamento Kontxi Bilbao (EB) y Gorka Knörr (EA). Esa fue ayer la reacción del Gobierno vasco y de los partidos que lo respaldan (PNV, EA y EB) hasta el extremo de que el lendakari, Juan José Ibarretxe, compareció para acusar al Estado español de romper el "pacto de convivencia alcanzado en la transición".

Flanqueado por su Ejecutivo, Ibarretxe responsabilizó al Supremo de "poner en entredicho" la autonomía del legislativo y del autogobierno. La incendiaria declaración institucional renegó de la condena hasta el extremo de apuntar que "no se acepta".

La tranquilidad que confesó sentir el propio Atutxa contrastó con el tono de auténtico enfado de su entorno, que no esperaba una decisión semejante después de que el Tribunal del País Vasco hubiera absuelto en dos ocasiones a los ahora condenados. Ibarretxe avisó de que la solución no pasa por "achicar" la democracia, "ilegalizar ideas" o condenar a la Mesa del Parlamento.

También el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, se rodeó de miembros de la ejecutiva, diputados y senadores para arropar a Atutxa con un durísimo pronunciamiento contra la justicia "estamental, de clan, corporativista, medieval y predemocrática". Urkullu reconoció que se han encendido "todas las alarmas" ante la repercusión que la condena pueda tener sobre el caso Ibarretxe , pendiente de que se fije el tribunal y la fecha de juicio. Mientras Atutxa dijo que la justicia se está transformando en "una verdadera comedia", Urkullu calificó la decisión de "mediática y política". En esa definición coincidieron el presidente de EA, Unia Ziarreta y el líder de EB, Javier Madrazo. Todos ellos, así como los responsables de las instituciones vascas, valorarán la posibilidad de adoptar iniciativas. Solo el PP vasco aplaudió la condena. El PSE confesó que hubieran"preferido" que se atendiese el criterio de la fiscalía. El Gobierno español dijo, a través de la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, que "acata" las decisiones judiciales.

ATAQUE A MANOS LIMPIAS PNV y PSE denunciaron la actuación del sindicato Manos Limpias, que ha monopolizado la acusación contra Atutxa y que también es la única acusación en la causa contra el lendakari y los socialistas Patxi López y Rodolfo Ares por hablar con Batasuna. El PSE afirmó que este grupo se ha convertido en un "instrumento de la derecha extrema para judicializar la política".