La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, aseguró hoy que las familias que han resultado perjudicadas por el abandono por parte del constructor Francisco Hernando, 'el Pocero', de su urbanización en Seseña (Toledo), tendrán "toda la protección jurídica que deban tener".
Así lo manifestó a preguntas de los periodistas después de inaugurar un curso de verano sobre la entidad pública SEPES en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).
Corredor expresó su "preocupación" por la situación de las familias afectadas después de que el constructor anunciara la semana pasada que desistía de su intención de continuar con la urbanización 'Residencial Francisco Hernando', que preveía 13.500 viviendas, y de las que sólo se han construido 5.600 pisos.
La ministra de Vivienda consideró que este proyecto residencial en suelo manchego es "urbanísticamente discutible" y opinó que es un "ejemplo de lo que no debe hacerse" en urbanismo.
No obstante, eludió opinar si le parece positivo que el proyecto no se finalice, y reiteró su preocupación por las familias afectadas que hayan comprado una vivienda que finalmente no vaya a edificarse.
El alcalde de Seseña, Manuel Fuentes, denunció esta semana que "algunos emisarios" del constructor Francisco Hernando le indujeron a cometer un delito de prevaricación, al plantearle la concesión de licencias de primera ocupación en la macrourbanización de la localidad toledana sin los informes preceptivos y vinculantes necesarios tanto técnicos como jurídicos.
Tras augurar un futuro "incierto" a la macrourbanización y asegurar que se trata de una "encrucijada de difícil solución" tras el abandono de la misma por parte de 'El Pocero', el alcalde de Seseña rechazó las acusaciones del constructor y aseguró que el consistorio no ha estado "inactivo" y ha estado trabajando sin la colaboración del agente urbanizador.
Fuentes afirmó no sentirse responsable de lo sucedido en el municipio de Seseña, porque existen "unos antecedentes importantes" y aseguró que tanto los compradores, las entidades financieras y otros propietarios del suelo como el ayuntamiento están intentando buscar soluciones para que todos las obras de infraestructuras se ejecuten y se ponga en valor la urbanización.
