El presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado durante la segunda jornada del debate sobre el estado de la nación que "el Gobierno velará" por que la nueva ley de salud sexual e interrupción voluntaria del embarazo "se aplique en todos los territorios y todas las comunidades autónomas".
El presidente del Gobierno ha reiterado que esta ley "garantiza la seguridad jurídica de las mujeres y la de los profesionales", así como "la equidad" en las prestaciones sanitarias". Es "preventiva y garantista", ha asegurado.
Rodríguez Zapatero ha explicado que el "objetivo prioritario" de la norma es reducir el número de embarazos no deseados en España, donde las tasas "son muy altas", y que, según ha dicho, seguramente empezarán a disminuir porque "tendrán mucho que ver con la falta de prevención y de educación sexual". "Compartiremos todos que ese es un objetivo prioritario", ha añadido.
A lo largo de sus intervenciones en el debate, el jefe del Ejecutivo ha incidido en que "no se puede ignorar la realidad", porque "lamentablemente en este país había interrupciones voluntarias de embarazos cuando no se reconocía por ley la despenalización, cuando era todavía un delito" y se practicaban "en malas circunstancias" o "se hacían fuera de las fronteras". "Eso lo sabemos todos", ha dicho.
DEFENSA DE AÍDO Y RESPUESTA AL PP
Asimismo, se ha referido a las "campañas" contra la ley y contra el Ministerio de Igualdad y su titular, Bibiana Aído, para pedir que no se aborde la cuestión del aborto "en algunos términos, como se ha hecho en algunas campañas que son sencillamente inasumibles, inaceptables e intolerables".
"Aquellos que han promovido esas campañas contra la ministra y la ley de interrupción voluntaria del embarazo demuestran una intolerancia radical", ha asegurado el presidente del Gobierno.
Por su parte, el portavoz parlamentario del Grupo Socialista, José Antonio Alonso, se ha referido directamente a la oposición para afirmar que "el anuncio de incumplir, suspender y cuestionar la vigencia de la ley amparándose en una torticera interpretación de las previsiones constitucionales que han hecho algunos de los sectores del PP suscita la pregunta de si la voluntad de los 'populares' es aceptar y someterse a la legalidad vigente o si están decididos a subvertir la legalidad anunciando su rebeldía contra todas aquellas leyes que no obedezcan a su conveniencia".
