Ni el "optimismo antropológico" de que tanto presume José Luis Rodríguez Zapatero le permite albergar esperanzas sobre el éxito del Estatuto catalán cuya negociación entre el tripartito y CiU seguía anoche sin acuerdo. Las dos reuniones que el jefe del Ejecutivo ha mantenido esta semana con el presidente de CiU, Artur Mas, le han convencido, según fuentes socialistas, de que la reforma catalana está abocada al fracaso por la cerrazón nacionalista. El presidente, en línea con el PSC, ha asumido que el enroque de CiU en defensa de un cupo catalán que sabe inconstitucional no es sino un pretexto para abortar el Estatuto.

"No veo nada fácil el pacto", confesó Zapatero el pasado jueves a uno de sus más estrechos colaboradores. Acababa de mantener una larga conversación con Mas, primero en presencia del presidente catalán, Pasqual Maragall, y luego a solas, pero ninguna de sus consideraciones parecía haber hecho mella en el ánimo del dirigente nacionalista. El líder de CiU seguía empecinado en introducir en el Estatuto catalán un modelo de financiación similar al concierto vasco, a sabiendas de que no superaría el filtro de constitucionalidad del Congreso.

El lunes, cuando despachó con Mas, Zapatero ya le dijo que el PSOE apoyaría en el Congreso la tramitación del Estatuto incluso si contuviera elementos de dudosa constitucionalidad. Fuentes oficiales aseguran, en cambio, que el presidente nunca incluyó el concierto económico en esta oferta de flexibilidad.

Pero, de regreso a Barcelona, Mas anunció a Maragall que tenía luz verde de Zapatero para incluir en la Carta catalana un sistema similar al concierto solidario ideado por CiU. Para deshacer entuertos, Maragall concertó con Zapatero la reunión a tres bandas del jueves en la Moncloa, en la que, según el Ejecutivo, ambos líderes socialistas ratificaron ante Mas que el concierto no tiene cabida en el Estatuto.

Alfredo Pérez Rubalcaba, portavoz del PSOE en el Congreso, respondió ayer a CiU: "No es razonable proponer cosas el concierto económico que uno sabe que son inconstitucionales, y tampoco lo es achacar al presidente opiniones que no son de recibo ni de sentido común".