Desde el lunes, tomar una caña o echar un pitillo podrá salir algo más caro. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero adelantó ayer más de tres meses el anunciado incremento de los impuestos que gravan el alcohol y el tabaco para financiar la sanidad, la primera subida fiscal de la legislatura. Con esta medida, que el vicepresidente Pedro Solbes fijó para el 2006, el Ejecutivo ingresará unos 80 millones de euros más sólo este año. De esta cifra, las comunidades recibirán 30 millones por su participación en los impuestos especiales, y el Estado destinará los 50 restantes a sufragar las ayudas a la sanidad autonómica.

Sólo tres días ha tardado el Ejecutivo en aplicar el recargo sanitario sobre el alcohol y el tabaco después de que, el pasado martes, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) sellara el pacto sobre la financiación de la sanidad con la abstención de seis autonomías del PP.

MARGENES DEL INCREMENTO Un 10% aumentará la fiscalidad del alcohol y un 6,3% la del tabaco. Si los fabricantes repercuten el 100% de este recargo sobre los precios finales, la cajetilla de cigarrillos se encarecerá entre 9 y 13 céntimos, un céntimo el litro de cerveza y hasta 30 el de bebidas destiladas de alta graduación, como el whisky, la ginebra o el ron. El precio del vino no se verá afectado por esta iniciativa.

Son muchas las razones que han llevado al Gobierno a precipitar esta subida fiscal más de tres meses. La primera, el siempre bienvenido incremento de ingresos que le reportará. Con todo, ayer la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, sólo ofreció una cifra: los 226,6 millones de euros que las autonomías recibirán en el 2006 por este concepto.

Pero también hay motivaciones de orden político en la maniobra gubernamental. Una vez anunciado el primer aumento de la presión tributaria de esta legislatura, el Ejecutivo del PSOE ha preferido ejecutarlo cuanto antes para que el paso del tiempo amortigüe el descontento de una parte de la ciudadanía.

Y es que, después de que Zapatero defendiera este recargo con el argumento de que "disuadir del consumo del alcohol y el tabaco es de izquierdas", algunos de sus colaboradores le han advertido de que ese mensaje puede desagradar a una parte del electorado del PSOE. Entre otras razones, porque el encarecimiento de estos productos resultará irrelevante para los consumidores con mayor poder adquisitivo, pero no para los más menesterosos.

Por eso ayer, tras el Consejo de Ministros, De la Vega orilló la supuesta orientación progresista de esta impopular iniciativa para centrarse en el efecto disuasorio que puede tener sobre el consumo. La portavoz gubernamental consideró "especialmente coherente" gravar el alcohol y el tabaco porque son "nocivos para la salud y, por tanto, generadores de gasto sanitario".

DECRETO LEY Según la nota oficial, el instrumento legal escogido, un real decreto ley, evitará "distorsiones" en el mercado y "conductas especulativas" entre los distribuidores, pues el aumento entrará en vigor hoy mismo, cuando lo publique el Boletín Oficial del Estado. De paso, el Gobierno forzará al PP de Mariano Rajoy a tomar partido: o respalda el alza fiscal cuando el Congreso vote el decreto ley, o le niega su apoyo pese a que las autonomías donde gobierna hayan aceptado beneficiarse de los ingresos adicionales que proporcionarán estos gravámenes.

La vicepresidenta vaticinó ayer, además, que esta decisión tendrá un efecto "mínimo" sobre el precio de esos productos, y expresó su confianza en que los fabricantes absorban al menos una parte del recargo en lugar de endosárselo automáticamente a los compradores. Aunque la industria repercutiera toda la subida fiscal sobre los precios, agregó De la Vega, el impacto sobre la inflación "no llegaría a una décima".

Tras minimizar los inconvenientes, la vicepresidenta apuntó que el plan del Gobierno tendrá un efecto "enormemente positivo" sobre la calidad del servicio sanitario.