José Luis Rodríguez Zapatero se opone a que se levante la suspensión decretada contra la recién aprobada ley de consulta de Euskadi. Su objetivo es evitar que la celebración de la consulta, sin conocer antes la opinión del Tribunal Constitucional (TC), pueda conllevar "quiebra jurídica" o "perjuicios irreparables o de difícil reparación". El Ejecutivo socialista cree que, si se diera ese contexto, se podría hacer un "daño irreparable" a los intereses del Estado, ya que se lesionaría "el capital interés de preservar la soberanía del pueblo español y la unidad nacional".

Según las alegaciones que, en nombre de Zapatero, presentó ayer Abogacía del Estado ante el TC, si se permitiera al lendakari consultar a los ciudadanos de forma previa a que el Alto Tribunal decida sobre la constitucionalidad de la norma, "la quiebra de la seguridad jurídica para todos los participantes en la consulta sería irreparable". "Mientras que, si se desestimara el recurso, el referendo podría celebrarse en otra fecha con una simple modificación de la ley recurrida", se agrega.

CALENDARIOS Y ELECCIONES Se da la circunstancia de que la propuesta de Juan José Ibarretxe establece, además del contenido de las preguntas que se habrían de dirigir a los vascos en esa hipotética consulta, la fecha en la que se produciría la misma: el 25 de octubre. Para que eso sea posible, el lendakari Ibarretxe tendría que convocarla oficialmente el 15 de septiembre. Por eso, tanto el Ejecutivo como el Parlamento de Euskadi insisten en demandar al TC que levante su suspensión antes del 15 de septiembre, de forma que pueda cumplirse el calendario previsto. Ayer, los partidos políticos que conforman el tripartito vasco --PNV, EA, Ezker Batua-- además de Aralar, presentaron otro paquete de alegaciones ante el Alto Tribunal solicitando que se elimine la prohibición antes del día 15 del próximo mes.

La Abogacía del Estado responde que las instituciones vascas se equivocan cuando achacan al Gobierno central, a través de sus propias alegaciones, un "uso fraudulento" de la potestad de suspensión de leyes. "Es el tribunal, no el Gobierno de España, quien decide los incidentes de suspensión, incluida aquí la fijación del día en que debe decidirse", se determina.

Asimismo, apunta que la realización de la consulta de acuerdo al calendario incorporado en la ley, supondría otorgar una "prima política" a Ibarretxe, ya que, más allá del resultado final de la consulta, quedaría creado el precedente de que es posible utilizar un referendo para "forzar, políticamente, al Gobierno español a seguir los dictados políticos del lendakari".

Otro de los argumentos esgrimidos por los representantes legales de Zapatero es que, con su recurso y sus alegaciones, buscan contrarrestar el intento de "manipular o instrumentalizar" al electorado vasco, al que, según su criterio, se pretendería implicar en un proceso de consulta cuya validez constitucional está en litigio.

Se recuerda, de paso, que los referendos consultivos necesitan, según mandato constitucional, de una autorización estatal "anterior" a la decisión de convocar la consulta popular. No obstante, el tripartito vasco y Aralar vinculan el recurso de Zapatero a su "estrategia electoral" en Euskadi. En la rueda de prensa que ofrecieron ayer en Madrid responsables de PNV, EA, EB y Aralar afirmaron que la consulta persigue "orientar" y no cambiar el estatus jurídico vasco. El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, garantizó que no se dejarán arrastrar por la "provocación" del Gobierno, y el coordinador de EB, Javier Madrazo, acusó al equipo de Zapatero de "guiar" al TC y ser "como la Inquisición".