Sin demasiada publicidad, pues no se trata de poner bajo sospecha a todos los ayuntamientos, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ultima un ambicioso plan de choque para combatir la corrupción urbanística municipal. Con dos iniciativas a punto de ver la luz, la reforma del gobierno local y la ley del suelo, el Ejecutivo quiere matar dos pájaros de un tiro: por un lado, atajar las prácticas corruptas en los municipios, a menudo basadas en la recalificación de terrenos; por el otro, frenar el encarecimiento de la vivienda, en parte motivado por las operaciones especulativas con solares rústicos.
El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y la titular de Vivienda, María Antonia Trujillo, empezaron a elaborar ambas normas hace ya varios meses. Antes, por tanto, de que, el pasado mes de marzo, la operación Malaya dejara al descubierto la tupida trama de delincuencia organizada que se tejió en el Ayuntamiento de Marbella con los mimbres tradicionales: recalificaciones fraudulentas de terrenos y licencias de obra a cambio de cuantiosos sobornos. Pero el escándalo de Marbella era bien conocido desde hacía años, y tanto Sevilla como Trujillo lo tuvieron muy en cuenta al poner en marcha sus respectivos proyectos de ley.
El viernes, Sevilla presentó al Consejo de Ministros un informe sobre la nueva ley básica del gobierno local, ya negociada con las comunidades autónomas y con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). El proyecto, que el Gobierno remitirá al Congreso de los Diputados en breve plazo, pretende modernizar el funcionamiento de los 8.111 ayuntamientos españoles. Y, también, dotarlos de una mayor transparencia.
La ley de incompatibilidades a la que ahora están sujetos alcaldes y concejales, promulgada en 1984, es mucho más laxa que la que rige desde 1995 para los altos cargos del Gobierno. A los ediles solo se les prohíbe compaginar el cargo público con actividades privadas relacionadas con las funciones que desempeñan en el ayuntamiento, y ni siquiera están obligados a entregar una declaración de bienes patrimoniales antes de ocupar el despacho oficial. Pero esto está a punto de cambiar.
La nueva norma impone a alcaldes y concejales la obligación de inscribir en un registro público, antes de acceder al cargo, dos declaraciones distintas: una de bienes patrimoniales y otra de actividades privadas que puedan ser incompatibles con el cargo. Un mecanismo de transparencia idéntico al que rige para el presidente del Gobierno, los ministros y los secretarios de Estado.
Junto a estas medidas, Sevilla ha introducido en el proyecto la exigencia de que todas las licencias, convenios y contratos de larga duración se sometan a debate en el pleno municipal. Es decir, que el equipo de gobierno no pueda adjudicar obras sin el control de la oposición.
El otro pilar sobre el que descansa el plan de choque de Zapatero es el proyecto de ley del suelo, que Trujillo llevará al Consejo de Ministros este mismo mes. El borrador, aún sujeto a negociación, pone coto a las prácticas especulativas de muchos ayuntamientos que, unas veces por afán recaudatorio y otras por intereses más oscuros, impulsan y financian planes urbanísticos mediante la expropiación de solares rústicos a precios desorbitados, justo antes de recalificarlos como urbanizables. A menudo, las plusvalías se reparten entre el propietario, el ayuntamiento y los sucesivos compradores, casi siempre concertados entre sí. En Marbella, estas operaciones generaron ingentes fortunas.
Con la nueva ley, el precio de un solar rústico estará tasado con baremos objetivos: la rentabilidad que ha ofrecido su explotación y la proximidad a núcleos urbanos, entre otros. Este mecanismo debería evitar, según el Gobierno, que la expectativa de una futura recalificación como terreno urbanizable dispare su valoración.
Por añadidura, los planes y convenios urbanísticos deberán someterse a un proceso de información pública de modo más transparente, que facilite a los afectados conocer los proyectos y presentar alegaciones. En este requisito, exigido por la ley en vigor, los municipios adolecen en algunas ocasiones de falta de rigor y eficacia.
