El Gobierno español no piensa moverse ni un ápice en la hoja de ruta del proceso pacificador hasta que no cese de forma inmediata e irreversible la violencia en las calles del País Vasco. Mientras continúen los actos de kale borroka , el plan trazado por José Luis Rodríguez Zapatero no avanzará. Solo será activado si ETA y su entorno ofrecen señales inequívocas de que progresan por el camino que ha de conducir a la paz.
El presidente del Gobierno no está dispuesto a dar pasos que luego tenga que desandar, "ni tampoco le tiembla el pulso ante los puñetazos en la mesa de ETA o de Batasuna", resaltaron personas de su entorno. El "salto cualitativo" en la kale borroka que supuso el intento de prender fuego a dos policías municipales el viernes por la noche en Bilbao, así como el lanzamiento de un cóctel molotov ayer contra la sede del PSE en Barakaldo son considerados en la Moncloa como "un órdago inaceptable".
Para el Gobierno, la mejor garantía de que tarde o temprano el proceso hacia el fin de la violencia volverá a tomar velocidad, es el clamor social en favor de la paz que se palpa en Euskadi y, de modo especial, en un sector clave de la formación que lidera Arnaldo Otegi.
COMPARACIONES La dirección de Batasuna es consciente de que se le está agotando el tiempo para concurrir en mayo a las elecciones municipales. Los concejales que resulten elegidos proveerán, además, los órganos de gobierno de las ubérrimas diputaciones forales.
La posición del Gobierno contraria a aceptar "intimidaciones, coacciones o chantaje," como dijo ayer la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, se reafirma cuando sus expertos analizan el desarrollo de anteriores negociaciones con ETA, que siempre resultaron fallidas.
Si antes no funcionó el acercamiento de presos, las reducciones de penas, la repatriación de extrañados en América Latina, ni tampoco algunas excarcelaciones, en esta ocasión Rodríguez Zapatero ha decidido evitar tropezar con la misma piedra. Su intención es seguir evitando la aplicación de esos mecanismos como reclamo previo, aunque Mariano Rajoy siga acusándole de que "está siendo chantajeado por ETA."
PALOS EN LAS RUEDAS El Gobierno ha vuelto a comprobar que, salvo excepciones, en la Audiencia Nacional --que es la que juzga y condena a los etarras-- no abundan magistrados dispuestos a aplicar la ley de acuerdo con la previsión que hace el Código Civil. Este, en el artículo 3.1, afirma que las normas se interpretarán también en relación "con la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas". Y el entorno social, los ciudadanos, en aplastante mayoría, apoya los intentos del Ejecutivo de conseguir sin grandes esperas el fin de la violencia.
LEY DEL INDULTO Así, el plan del Gobierno que se aplicaría el día después del adiós a las armas de ETA discurre por cauces alternativos, que dependen fundamentalmente del poder ejecutivo. Sin descartar tampoco iniciativas legislativas que consigan el apoyo de la mayoría parlamentaria. Estas comenzarán a tramitarse si la negociación avanza. Entre otras, está prevista la modificación de la ley del indulto para que pueda aplicarse con carácter colectivo en determinadas circunstancias.
El acercamiento de presos, la generalización de la concesión del tercer grado a los etarras que quieran iniciar una nueva vida y la flexibilización de otras normas penitenciarias son medidas que no dependen del poder judicial, sino del ejecutivo; en concreto, de la dirección general de Instituciones Penitenciarias. Hay otras muchas cuestiones de futuro que no pasan por el cedazo de quienes ponen palos en las ruedas. Entre otras, la búsqueda de
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