José Luis Rodríguez Zapatero anunció ayer que la Abogacía del Estado ya ha empezado a buscar resquicios legales para impedir que los etarras puedan tener "espacios de exaltación", en referencia a las calles dedicadas a terroristas en el País Vasco. Después de que el pleno de la sala penal de la Audiencia Nacional resolviera el miércoles que mantener la nomenclatura de estas vías urbanas no constituye delito, el presidente del Gobierno aseguró desde Atenas que los servicios jurídicos del Estado hallarán la fórmula para evitar que "nadie que haya sido un asesino" o haya militado en ETA tenga una calle con su nombre en Euskadi.

En una rueda de prensa junto al primer ministro griego, Costas Caramanlis, el jefe del Ejecutivo español explicó que, tras conocer que la Audiencia Nacional no considera delito mantener el nombre de esas vías, ha ordenado a los servicios jurídicos que busquen "vías eficaces" para conseguir que no se mancille el respeto a las víctimas de la organización terrorista. La Audiencia basó su decisión en que los acuerdos para dedicar calles a etarras se tomaron hace casi 20 años, cuando no estaba tipificado el delito de terrorismo.

Zapatero dejó entrever su disgusto con el acuerdo alcanzado la víspera por los 19 jueces que integran la sala penal de la Audiencia. En concreto, expresó su respeto, "como no podía ser de otra manera", por la decisión judicial, pero matizó que lo hacía "independientemente de lo que piense de la misma".

LA ACTUACION Por su parte, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, confirmó ayer que el Gobierno ha reclamado durante este año a 10 municipios vascos que retiren de sus calles las placas dedicadas a etarras. Los servicios jurídicos del Estado lo han solicitado a los ayuntamientos vizcaínos de Amorebieta, Arrigorriaga, Lejona y Etxebarri, y los guipuzcoanos de Astigarraga, San Sebastián, Hernani y Zizurquil.

Hasta ahora solo el consistorio de Zizurquil ha retirado la designación, y el de Hernani se ha negado a remitir al abogado del Estado el acuerdo municipal. Por ello, el Gobierno ha iniciado un proceso contencioso-administrativo. El resto de las localidades no han contestado, aunque disponen de tres meses para hacerlo. Tras este periodo, las delegaciones del Gobierno de Vizcaya y Guipúzcoa instarán al abogado del Estado a que acuda a la vía contenciosa. Si en el plazo de seis meses los consistorios no responden, el Tribunal de Justicia del País Vasco declarará nulos los acuerdos municipales y las placas serán retiradas.