El partido socialista, con su presidente José Luis Rodríguez Zapatero a la cabeza, ha salido al fin en defensa del juez Baltasar Garzón, cosido a querellas por sus múltiples enemigos y acosado por la derecha judicial después de haber instruido el caso Gürtel . Está en juego la anulación de las actuaciones judiciales que destapan el mayor escándalo de corrupción del PP.

La trascendencia del asunto la prueba también lo ocurrido ayer. Bastó que Zapatero lanzase el domingo un medido mensaje de apoyo (elogió la valentía de Garzón en la lucha contra ETA) para que las asociaciones de jueces conservadores, el Consejo General del Poder Judicial Judicial (CPCJ), dominado por el frente antiGarzón, y el líder del PP, Mariano Rajoy, reaccionaran ayer con durísimas críticas a las intolerables "presiones" a la justicia. La batalla política entre los dos grandes partidos se dirime una vez más en el frente judicial.

DECISION INSOLITA El magistrado de la Audiencia Nacional lleva meses al pie de los caballos, desde que el Tribunal Supremo decidió admitir a trámite la querella de un sindicato ultraderechista por haber intentado investigar los crímenes del franquismo. Hasta ahora, sin embargo, los dirigentes socialistas se habían limitado a mostrar el ritual respeto a la acción de la justicia. ¿Que ha cambiado? Solo tres días antes de que hablara Zapatero, el alto tribunal, controlado por los jueces conservadores nombrados en la etapa de José María Aznar, tomó la insólita decisión de admitir la personación como acusación particular del principal implicado en el caso Gürtel , Francisco Correa, en la querella que se tramita contra Garzón por autorizar la grabación de las charlas que el acusado mantuvo con su letrado. La sombra del caso Naseiro , el primer escándalo de corrupción del PP, anulado por la ilegalidad de unas escuchas, hizo temblar los cimientos de Ferraz.

No solo Zapatero habló el domingo. También lo hicieron los ministros Francisco Caamaño y José Blanco, cuyos argumentos fueron ratificados ayer por la ejecutiva federal del PSOE. La idea más repetida en la reunión es que "no se puede defender la independencia judicial solo cuando resulta cómoda como hizo el PP con los casos GAL y Filesa y atacarla cuando no gusta". Esta denuncia del "doble rasero" de los populares será uno de los ejes de la contraofensiva socialista. Además de blandir la hoja de servicios de Garzón contra ETA.

Por parte del PP fue Federico Trillo, el hombre al que su partido le ha perdonado casi todo por su papel en la trastienda de la judicatura, el encargado de poner la dinamita. "Garzón debería irse antes de que le echen", declaró sin tapujos. Y Rajoy lanzó la carga de profundidad. Aprovechó la tradicional debilidad que muestra el Gobierno con Venezuela para poner en la misma balanza el respaldo a Garzón y la supuesta falta de apoyo al juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, que investiga los vínculos de ETA con el Ejecutivo de Chávez. "Me hubiera gustado que el presidente del Gobierno apoyara al juez Velasco, que ha sido atacado por el presidente de Venezuela, en vez de intentar presionar al Supremo, dándole apoyo a otro juez", dijo el líder conservador, que va a explotar al máximo el contencioso venezolano. Chávez y Cuba serán, por ejemplo, los dos asuntos por los que interrogará a Zapatero en la sesión de control de mañana.

"LA MAFIA DE AZNAR" El ministro venezolano de Exteriores, Nicolás Maduro, había dado pie al argumento de Rajoy al vincular al juez "a la mafia de Aznar" y "los sectores ultraderechistas del PP". No andaba desinformado el ministro de Chávez. Velasco fue número dos de la Consejería de Justicia del Gobierno valenciano en la etapa presidida por el conservador Eduardo Zaplana. Pero esto no le invalida para investigar las conexiones de ETA en Latinoamérica, al menos a los ojos de la legislación española. Ni impidió ayer que La secretaria de organización del PSOE, Leire Pajín, avisara a Venezuela de que es "inaceptable" llamar "mafia" a Aznar o a los jueces desarmando, de paso, el argumento del agravio comparativo esgrimido por Rajoy.

El ministro de Exteriores, Miguel Angel Moratinos, también garantizó que tanto la judicatura como el expresidente del Gobierno cuentan "con el máximo respaldo y apoyo" del Ejecutivo español, aunque renunció a formular ninguna protesta formal. Quizás para reforzar este respaldo, Exteriores remitió ayer el auto de Velasco a las autoridades venezolanas "tal cual", sin tocar ni una coma pese a que el Gobierno había adelantado que se pedirían precisiones al juez.