Un Estatuto "razonable" que pueda ser aprobado "aquí y allí", en el Parlamento catalán y también en las Cortes. Ese es el objetivo de José Luis Rodríguez Zapatero, quien ayer anunció que trabajará "a fondo" para que la reforma estatutaria sea un éxito. El presidente evitó, sin embargo, adentrarse en los vericuetos de la negociación en Cataluña, enturbiada por la pretensión de CiU y ERC de invocar los derechos históricos de Cataluña para blindar sus competencias.
En una conversación informal con periodistas en los pasillos del Senado, Zapatero defendió la necesidad de que se ajuste a la Constitución no sólo el Estatuto catalán que apruebe el Congreso, sino también la propuesta que remita el Parlamento catalán. Una advertencia para las fuerzas catalanas que puedan estar tentadas de consensuar un texto que rebase los límites de la Carta Magna para preservar el consenso en Cataluña, aunque después pueda sufrir profundas modificaciones en las Cortes.
El presidente adelantó que también el Estatuto valenciano, aunque pactado por el PP y el PSOE, sufrirá retoques "técnicos" a su paso por el Congreso. Respecto al socialista Alfonso Guerra, crítico con la propuesta catalana y a la vez responsable de su tramitación parlamentaria, Zapatero expresó su confianza en que hará un "buen trabajo" como presidente de la comisión constitucional del Congreso.
Contrastaron con la cautela de Zapatero, que no quiere que se interfiera en los trabajos en Cataluña, las palabras de Manuel Chaves. El presidente de la Junta de Andalucía y del PSOE declaró que las competencias que reivindica Cataluña "no se pueden amparar en derechos históricos del siglo XVIII, anteriores a los decretos de nueva planta de Felipe V". Para Chaves, sería un "retroceso" que prosperara esta demanda de CiU y ERC, ya que "las competencias se tienen que basar en la Constitución de 1978, que ya resolvió el problema de los derechos históricos".
Por su parte, el presidente del PP, Mariano Rajoy, afirmó que apelar a los derechos históricos "no tiene ningún sentido y es claramente inconstitucional", y consideró que "lo mejor" que podría pasar es que el debate estatutario quedara "en nada".
PELIGRA EL CONSENSO En Barcelona, las profundas diferencias entre los grupos políticos en materias cruciales impedirán que el borrador estatutario salga hoy de la comisión parlamentaria con el consenso necesario para garantizar su aprobación en septiembre. ERC y CiU reiteraron que no renunciarán a los derechos históricos, y el PSC pedirá al Consejo Consultivo de la Generalitat que dictamine sobre los 21 puntos del borrador que cree inconstitucionales.
