Rodeado solo por las cámaras y sin los abucheos a los que tuvieron que enfrentarse hace dos semanas los expresidentes andaluces, el exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías se ha abonado este miércoles a la tesis de que las comparecencias de los miembros del Ejecutivo andaluz ante el juez instructor del 'caso ERE' responden a una "clara intencionalidad política" para compensar otros casos de corrupción del partido del Gobierno en funciones y que "no tienen justificación procesal". Zarrías se ha acogido a su derecho a no declarar remitiéndose a su comparecencia en el Tribunal Supremo, en la que dijo no tener constancia de irregularidades en las ayudas y que nunca presidió una reunión donde se adoptaran decisiones ilegales.

El exconsejero de Presidencia ha comparecido por espacio de apenas 10 minutos ante el juez que instruye la pieza referida a la implantación de un procedimiento específico para el pago de ayudas considerado inadecuado por la anterior jueza instructora Mercedes Alaya, quien consideró que hubo una decisión política en la elección de esta fórmula que permitía esquivar los controles de fiscalización. Al igual que ocurriera con los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, la Fiscalía ha querido consignar las preguntas que pensaba realizarle.

Fuentes judiciales han explicado que estas preguntas se han centrado en el posible conocimiento que tuvo de los informes de la Intervención alertando de posibles irregularidades y de la concesión de unas ayudas concretas a empresarios de la provincia de Jaén,dado que varios imputados han señalado su papel de intermediación en este sentido. Sin embargo, su defensa ha tratado de minimizar esa intervención asegurando que durante su paso por el Ejecutivo andaluz recibió cientos de cartas de ciudadanos en apuros y que el que se interesara por sus cuitas no significa que lo hiciera "al margen de la legalidad".

En su declaración en la primavera del 2015 ante el juez instructor del Tribunal Supremo, Zarrías, que quedó imputado por un presunto delito de prevaricación administrativa, explicó que aunque presidió una docena de reuniones preparatorias de los consejos de gobierno en las que se trataron modificaciones presupuestarias relacionadas con la partida 31-L, el denominado "fondo de reptiles" con el que se pagaban los ERE, nunca supo de las irregularidades. Así, explicó que en esas reuniones junto a los viceconsejeros, los conocidos como "consejillos", no se tomaban decisiones políticas y se limitaban a tramitar las propuestas que elevaba cada consejería, por lo que no conocía los posibles reparos de la Intervención general y daba por hecho que todos los asuntos que se abordaban "estaban perfectamente ajustados a derecho" al pasar antes por la respectiva consejería.

DISCREPANCIAS CONTABLES

Antes que Zarrías también estaban citados a declarar los exconsejeros de Hacienda y Economía, Carmen Martinez Aguayoy Antonio Ávila para aclarar su presunta participación en la implantación desde el 2001 del procedimiento específico para el pago de las ayudas sociolaborales que investiga el destino de 851 millones de euros, y que suma 51 investigados. Ambos declararon ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dado que eran diputados autonómicos, y quedaron señalados por un posible delito de prevaricación y malversación. Ninguno de ellos ha querido responder a las preguntas del juez instructor Álvaro Martin, y se ha remitido a su declaración anterior.

En ella, la que fuera viceconsejera de Hacienda explicó que recibió los informes habituales de Intervención, pero ninguno que reclamara la actuación de la consejería ante alguna situación de menoscabo de fondos públicos, por lo que reconoció que ni siquiera los leyó ni los transmitió a su superior, el entonces consejero José Antonio Griñán o al presidente Manuel Chaves. Sí señaló que eran conocidas las "discrepancias contables" de la Intervención, que abogaba por el uso de otra fórmula para el pago de las ayudas.