El 13% de los inquilinos de viviendas sociales de la Junta reconoce que no está abonando las cuotas correspondientes de alquiler a la Administración, unos cien euros mensuales. A estos hay que sumar otro 14% que reconoce que las abona pero «no regularmente», mientras que el 72,8% sí afronta el pago todos los meses. El dato se recoge en un estudio descriptivo sobre las viviendas de promoción pública de Extremadura elaborado por el Observatorio de la Vivienda.

Este informe refleja además otros datos como el perfil de los residentes en estas casas (en su mayoría matrimonios de entre 46 y 65 años con uno o dos hijos) y el perfil laboral de los residentes mayores de 16 años. De este último, llama la atención que la mayor parte, un 23,4%, se encuentra en situación de desempleo sin percibir prestación por dicha situación, mientras que el 9,7% también está en paro pero sí la recibe. Además, el 13% son pensionistas (bien por jubilación, viudedad o incapacidad) y el 9,2% percibe algún tipo de ayuda pública. El 12% son estudiantes y un 6,15% declara dedicarse a las labores del hogar. Por último, son un 23,9% los adjudicatarios que tienen trabajo, aunque en la mayoría de los casos por cuenta ajena y con contrato temporal.

Cabe recordar que para todas las personas adjudicatarias de viviendas sociales con dificultades para abonar el alquiler, el Ejecutivo regional puso en marcha un mecanismo que les habilita a no pagar y evitar así el desahucio. La minoración de la renta se puede pedir en cualquier momento ante situaciones de desempleo sin prestación, discapacidad, familias numerosas, dependencia o violencia de género.

La exención es para un periodo máximo de dos años y se puede pedir la bonificación del 100% de la renta o solo de una parte. Eso sí, es necesario estar al corriente de pago en el momento de realizar la solicitud a la Junta.