Extremadura tiene de media en su territorio 2.819 horas de sol al año y cuenta con 3.727 megavatios (MW) de potencia instalada de energías renovables, de los que 564 (el 15% del total) son de origen fotovoltaico, que dejan «309.000.000 euros al año y una inversión de 3.665.000.000 euros» en la región, según datos de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier). La asociación celebró ayer, en el Hotel Tryp Medea de Mérida, una jornada dentro de la IV edición del Camino del Sol para exigir una transición energética justa, seguridad jurídica para los productores fotovoltaicos y la democratización de la generación energética a través de cualquiera de las modalidades de producción que ofrece la tecnología fotovoltaica.

El acto de Mérida, en el que intervinieron el delegado de Anpier en Extremadura, Juan José Vivas, y el director de Anpier, Rafael Barrera Morcillo, forma parte de los 20 actos que la asociación celebra durante dos meses por toda la geografía española para trasladar las «urgencias que en materia energética se han de afrontar en España». Así, busca reconocer la labor de los pioneros de la generación fotovoltaica, gracias a los cuales se dispone de la tecnología necesaria para tener «una energía limpia, barata y autóctona».

También aboga por distribuir la propiedad de las instalaciones de generación, ahora concentradas en pocas empresas en régimen de «oligopolio», ya que los españoles «tenemos derecho a autoconsumir energía y a participar del mercado energético a través de parques fotovoltaicos sociales, que redistribuyan los ingresos del sistema eléctrico y beneficien a las economías locales».

Anpier reclama igualmente que se atienda y se compense el daño causado a las 60.000 familias españolas, de ellas 4.600 extremeñas, que «destinaron sus ahorros e hipotecaron sus bienes» para apoyar el desarrollo de un nuevo modelo energético en España, algo que «les fue solicitado por el propio Estado y que ahora ven mermada la tarifa que se les ofreció y motivó sus inversiones éticas con recortes de hasta en un 50%».

Al «quebranto económico» ha sumado el «daño moral» al contemplar como todos los demandantes internacionales «sí logran sentencias que obligan al Estado español a reparar el daño que les fue causado por los recortes retroactivos arbitrarios». Con la celebración de estas jornadas, persigue además trasladar a la sociedad y al sector productor toda la información y el asesoramiento que precisen para participar en el sistema energético. EFE