Adicae ha entregado hoy en los registros de los ayuntamientos de Cáceres y Don Benito un escrito para pedir el apoyo de los políticos para dar una solución a los 16.000 extremeños afectados por el caso de Afinsa y Fórum Filatélico.
Tras siete años sin encontrar una solución al "fraude masivo" que supuso la comercialización de productos por entidades como Afinsa o Fórum Filatélico", ha indicado a Efe el coordinador regional de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), Ladislao Bermejo, entre los 16.000 afectados extremeños "cunde el desánimo y la desesperación".
Por este motivo, esta mañana han hecho entrega en los registros de los dos ayuntamientos un escrito para pedir el apoyo de los políticos y las instituciones públicas para dar una salida a las familias que perdieron sus ahorros.
En Extremadura, la mayoría de los afectados tenían su dinero en Afinsa y en menor medida, entre 1.000 y 2.000, en Fórum Filatélico y de manera residual en otra entidad afectada, Arte y Naturaleza.
Este "actividad no autorizada de captación del ahorro", ha indicado Bermejo, dio lugar a cuatro procedimientos judiciales, dos contra cada empresa.
Por un lado, un proceso penal que se sigue en la Audiencia Nacional contra los dirigentes, y otro concursal que está en los Juzgados de lo Mercantil de Madrid para determinar cuáles son las deudas y los activos de la empresa.
Los cuatro procesos, según Bermejo, están "prácticamente parados" y los afectados todavía no han podido recuperar nada de su dinero al no haber habido ninguna liquidación.
Para Adicae, la vía judicial ha demostrado que es "ineficaz", por lo que consideran que la única solución puede ser a través de la política.
Por ello, plantean al Gobierno la puesta en marcha de un acuerdo para instar al Instituto de Crédito Oficial (ICO) a adquirir la deuda que las tres empresas tienen contraída con los afectados.
En el acuerdo propuesto cada afectado recuperaría hasta el 85% de los ahorros depositados, con un límite máximo de 20.000 euros por acreedor.
Esta medida no provocaría un incremento del déficit público, ya que ha apuntado que el ICO adquiere unos derechos de cobro (activo) en procedimientos concursales.
La aprobación de este acuerdo daría una satisfacción razonable al 92,83% de las familias afectadas, ya que permitiría que el 86,09% recuperara el 85% de sus ahorros y otro 6,74% entre el 50 y el 85%.
En Extremadura, las familias afectadas invirtieron entre 10.000 y 20.000 euros cada una, según Bermejo, con lo que la cifra rondaría los 2 ó 3 millones de euros.
