Las localidades que estarían incumpliendo la ley serían 17: en la provincia pacense, Badajoz, Guadiana del Caudillo, Villafranco del Guadiana y Peñalsordo; en la cacereña, su capital, Berrocalejo, Casas de Don Antonio, Casas de Don Gómez, Collado de la Vera, La Garganta, Jarilla, Navalvillar de Ibor, Peraleda de San Román, Ruanes, Santa Cruz de Paniagua, Santibáñez el Alto y Villa del Campo. Así lo recoge el abogado Eduardo Ranz, que ha reclamado un dictamen jurídico a la Junta de Extremadura sobre la exaltación franquista en estos municipios extremeños, en los que hay denominaciones de pueblos y calles, además de escudos, placas y cruces, que, a su juicio, incumplen la normativa vigente sobre memoria histórica.
Ranz ha solicitado el mismo dictamen a otras once comunidades autónomas. Las localidades españolas afectadas sumarían un total de 349.
«MEDIDAS OPORTUNAS» / En el escrito de Ranz dirigido a la Junta de Extremadura, registrado el pasado 19 de octubre, el abogado recuerda que el artículo 15 de la actual ley de la memoria histórica obliga a todas las administraciones públicas a adoptar las medidas oportunas necesarias para que se retire este tipo de simbología.
De este modo, pretende que en ese dictamen la Junta -que no ha contestado a esta petición- se pronuncie sobre el cumplimiento o no de esa normativa por parte de los municipios extremeños aludidos.
«El tiempo ha demostrado que la problemática en simbología también se extiende a honores y distinciones de ministros franquistas, nombres de pueblos dedicados a Franco o a generales golpistas, así como enterramientos en basílicas de genocidas», expresa Ranz.
