18.000 hogares con calefacción central tendrán que instalar nuevos contadores

A partir del 2017 será necesario que cada casa pague por el consumo real de calefacción, aire acondicionado o agua caliente que realice y no por los criterios que se venían aplicando hasta ahora en las comunidades de vecinos con servicios centralizados, como la superficie de cada vivienda. "Se trata de trasladar a la calefacción y a los sistemas de refrigeración el modelo que ya funciona en otros suministros básicos como son la luz, el teléfono o el gas", indica Lali Bermejo, técnico de Consumo de UCE.

Según los últimos datos del Censo de Población y Viviendas que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) unos 18.700 hogares de la región disponen en estos momentos de calefacción central y por tanto, se verían afectados por la directiva europea (en todo el país son 1,7 millones). La forma más sencilla de cumplir la normativa es poner un contador a cada vecino, pero esto solo es técnicamente posible en las calefacciones dispuestas en anillo (el 40% del total). Para las instalaciones en columna, se requiere la colocación de un aparato de medición en cada radiador y una unidad centralizada de lecturas. Sea cual sea el sistema empleado, se debe acompañar de algún dispositivo que permita a los usuarios regular la temperatura de forma individual para hacerse responsables de su propio consumo.

Las empresas que ya se dedican a realizar esta clase de instalaciones en España y, sobre todo, en otros países como Alemania, Bélgica o Dinamarca, argumentan que los ahorros que se consiguen con los contadores individuales alcanzan un promedio del 25% anual, "unos 225 euros menos en la factura de calefacción para una familia tipo", indica la UCE, que recuerda que lo que se persigue con la nueva normativa es la eficiencia para proteger el medio ambiente. Bermejo cifra en unos 700 euros la inversión media por vivienda para adaptar los sistema de calefacción central, gasto que se amortizaría en poco más de tres años con la propia reducción de la factura.

10.000 DE MULTA Aunque la normativa europea se aprobó hace tres años, el Gobierno central aún no ha desarrollado el decreto de aplicación nacional y ha pospuesto la tarea hasta la formación de un Ejecutivo en firme, lo que no está ayudando a que los propietarios den el paso a pesar de que no cumplir suponga enfrentarse a multas de entre 1.000 y 10.000 euros. "La gente está esperando a última hora y cuando se quiera poner todo en marcha seguramente los plazos serán ya muy ajustados", indica el secretario del Colegio de Administradores de Fincas, Alfonso Pérez Calleja. Este explica que la mayoría de los cambios que se han producido hasta la fecha en la región obedecen a que la instalación ya estaba deteriorada o a la decisión de los propietarios de utilizar una fuente de energía más económica, como el gas natural. En la misma línea se expresa el administrador Javier Algaba Tamayo, que gestiona en Cáceres tres fincas con calefacción central. "Todavía no hay normativa nacional y de momento la gente está esperando, lo que se está haciendo es solicitar presupuestos a las empresas. Después se hará todo con rapidez", lamenta el profesional.

Algaba recuerda que las instalaciones de calefacción central se dan sobre todo en los edificios más antiguos y céntricos de las ciudades y señala que en muchos casos, por decisión propia los vecinos, han optado ya por sustituir las instalaciones porque al ser antiguas "daban muchos problemas" y además, beneficiaban a los inquilinos morosos.