Más de 2.000 escolares extremeños están en estos momentos guardando cuarentena en sus domicilios tras confirmarse que algún compañero de su clase o docente tiene coronavirus. Son poco más del 1% del total de estudiantes no universitarios en la comunidad (más de 173.000) y pertenecen a las 107 aulas, de cerca de un centenar de centros, que están confinadas. La mayoría son de cursos inferiores a 4º de Primaria, que conforman grupos burbuja y cuyo protocolo obliga a guardar cuarentena a toda la clase en caso de detectarse algún positivo.

Entre estas 107 aulas totales aisladas hasta la fecha, se encuentran cinco nuevas clases cuyo cierre fue notificado en la tarde de ayer: en Las Josefinas de Cáceres, en el colegio Nuestra Señora de Guadalupe de Navalvillar de Pela, en el Nuestra Señora de Sopetrán de Almoharín (suma dos aulas cerradas), en el CRA Maestro D. Victoriano Mateos de La Cumbre y en el colegio Enrique Iglesias García de Badajoz, que ya tiene dos grupos en total cerrados.

Estos 2.000 estudiantes en cuarentena siguen el curso escolar mediante la enseñanza telemática, como lo hacen también otros cerca de 2.000 escolares de aquellos centros que están cerrados al completo por contagios o por prevención, principalmente, ante la incidencia acumulada de casos en los municipios en los que se ubican (Acebo, Eljas, Torremejía, Cabeza del Buey, Valdehornillos, Berlanga, Llera, Talayuela, Campillo de Llerena, Majadas de Tiétar). El lado positivo es que de los 14 colegios cerrados en estos 15 días (algunos no estrenaron el curso presencialmente), ya se han podido reabrir cuatro centros: en Alía, Acedera, Valencia de las Torres y la finca La Barquilla.

Así, en suma son poco más de 4.000 los alumnos extremeños que están siguiendo el curso de forma ‘on line’ en estos momentos, en torno al 2,3% del total de estudiantes de la comunidad. Estos datos los ofreció ayer el secretario general de Educación, Francisco Javier Amaya, durante una comisión en la Asamblea. Preguntado por el PP por una valoración sobre el nuevo curso, Amaya destacó que el año escolar está marcado por la incertidumbre y defendió la capacidad de respuesta de la administración en un escenario cambiante así como las medidas adoptadas para garantizar una vuelta presencial lo más segura posible, aunque la situación de los 820 centros educativas de la región no es equiparable: «no hay dos iguales».

El secretario general defendió que los centros sabían diez días antes de que comenzaran las clases cómo debían actuar en función de la evolución de la pandemia y de la aparición de casos, aunque reconoció que en la situación actual ninguna medida que se aplique es «infalible» ante el covid hasta que haya vacuna. Precisó que en el 95% de las clases se cumplen las recomendaciones de las autoridades sanitarias porque tienen una ratio inferior a 20 alumnos y reconoció que hay problemas en algunos centros pese al aumento de las plantilla y el uso de nuevos espacios.

La diputada del PP, Pilar Pérez, denunció que hay grupos de Primaria con hasta 26 alumnos y 30 en Bachillerato y criticó que la actuación de la Junta ha estado «alejada de la realidad», primando otras cuestiones que no es la seguridad, informa Efe. «No ha habido previsión y las medidas se han puesto en marcha con el curso iniciado», criticó.

Más de 900 contratos docenes más

El nuevo curso escolar en la región cuenta con una plantilla funcional de 937 docentes más, de ellos 747 en la educación pública, a los que habría que unir los 40 pendientes para el programa de ayudas a familias desfavorecidas y 150 en la concertada, según los datos ofrecidos ayer por el secretario general de Educación, Francisco Amaya, durante la comisión de educación en la que el PP criticó la «improvisación» en el refuerzo de las plantillas.