Unas 2.000 mujeres son víctimas en Extremadura de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, lo que se pretende abordar con una ley nacional que impulse los distintos programas integrales contra esta lacra. La directora del Instituto de la Mujer de Extremadura, Elisa Barrientos, señaló ayer que esta cifra, facilitada por la asociación Apram, es muy difícil de determinar debido al "secretismo" y a la capacidad de los proxenetas de mover a las mujeres adultas y niñas de una región a otra o por diferentes países.
Barrientos participó, junto a otras autoridades y representantes de asociaciones y entidades, en la reunión de la Mesa contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual. Tras una reunión en septiembre de 2015, se decidió avanzar tanto en el protocolo como en la estrategia contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, pues es necesario adaptarlos a la comunidad, explicó Barrientos. El objetivo es avanzar en la red autonómica contra esta lacra para que todos los actores implicados conozcan los recursos normativos, judiciales, asistenciales y administrativos en la lucha contra esta "esclavitud del siglo XXI", indicó. A su juicio, es necesaria una ley que englobe a todas las comunidades autónomas y avale todas las medidas que se están realizando a través de los distintos planes integrales.
