La burbuja inmobiliaria todavía está muy presente en Extremadura. Cinco años después del final de la fiesta de este mercado que dejó en la región una resaca de más de 7.000 viviendas nuevas desocupadas y sin demanda, todavía se pueden ver bloques de pisos de aquella época completos sin vender, obras por rematar y construcciones a medias. El ritmo de la oferta ha menguado a medida que el valor del ladrillo se ha ido desinflando y los precios se han hecho más accesibles al bolsillo de los extremeños, sin embargo los activos inmobiliarios acumulados no tienen fácil salida por la falta de crédito, aunque sean las entidades financieras las principales poseedoras tras la caída de sus promotores.
La tendencia es la misma en el conjunto del país, pero la región es la que menos vivienda tiene en la recámara. El stock ha bajado en solo tres años un 70%, pero todavía quedan más de 2.000 casas --en concreto 1.317 en Cáceres y 843 en Badajoz-- en el limbo inmobiliario, según las ultimas estadísticas del Ministerio de Fomento. Esta cifra apenas supone el 0,32% del stock acumulado sobre el total nacional (676.000). Pese a este bajo porcentaje, el problema persiste y los expertos señalan que con esta cantidad y la situación del mercado, aún tendrá que esperar la nueva construcción de inmuebles. Desde 2010 no se construyen pisos nuevos en Extremadura --excepción de algunas obras de vivienda protegidas en Mérida y Cáceres-- y no volverá a reactivarse la actividad a corto plazo pese a que regresa paulatinamente a algunas ciudades de España, según las previsiones de la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Construcción.
Entre las medidas planteadas para acabar con ese exceso de obras que todavía se ven en las periferias de las ciudades, el sector mira a la piqueta. La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb o 'banco malo') aprobó en marzo una reserva de 103 millones de euros destinada a demoler edificios que estén en una fase inicial de obras. El 'banco malo' explica que no será de forma inmediata y que en ningún caso está hablando de actuar en promociones de viviendas terminadas. Esta medida es habitual en algunos países para evitar el deterioro y el elevado coste de mantenimiento, pero en la región se mira con recelo. "No tiene mucho sentido que se dediquen a tirar edificios después de invertir tanto dinero con la necesidad de vivienda que tenemos", asegura Ramón Carbonell, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Mérida. Pone un ejemplo: "Para 20 pisos que entregó recientemente el ayuntamiento se presentaron 240 solicitudes".
Tampoco lo ve muy acertado Aberlardo Martín, presidente de la Asociación de Promotores de Cáceres y vicepresidente de Fecons. Y no solo por la necesidad, sino principalmente por el coste. "Tirar un edificio puede ser económico pero levantar una cimentación es muy caro y quitarla tiene una carga enorme para el solar. Nadie compraría un solar así", sostiene. Por eso, Martín ve más razonable rematar las edificaciones levantadas, a no ser que sea un gran error seguir con determinada construcción. Y de esos remates se están encargando los bancos, propietarios de estos edificios.
NECESIDAD VS POSIBILIDAD El presidente de los promotores cacereños reconoce que siempre hay necesidad de vivienda, pero es diferente a la que ofrece el mercado actual. "La necesidad existe pero la posibilidad ha cambiado", reconoce. En Cáceres hace tres o cuatro años que no se inicia ninguna promoción de vivienda, "nada más que se están haciendo remates en las que se han quedado los bancos porque la dotación que tienen que hacer al Banco de España es menor que si continúan a medias", y muchas casas nuevas, usadas o sin estrenar, siguen sin encontrar dueño esta provincia, pese a ser de las que tiene menos stock de España. En Mérida hace tiempo que tampoco se levantan nuevos bloques. En El Prado hay más de 200 pisos sin rematar desde hace años que durante todo el verano han estado ocupados por varias familias. "La solución no es tirarlas, sino meterlas en el parque de vivienda pública", dice Carbonell.
Otra solución por la que están apostando los promotores es el alquiler, una opción permitida recientemente también para las Viviendas de Protección Oficial. Con esta opción intenta dar salida a sus viviendas la promotora sevillana Bekinsa, que dispone de dos promociones en Mérida. "En esta zona ni bajando el precio se consigue vender, por eso hemos optado por el alquiler a ver si va mejor", cuenta el responsable en la capital, Francisco Javier Brujera. Es alquiler sin opción a compra y a un precio de entre 320 y 350 euros al mes para capear la crisis del sector y la fuerte competencia que son hoy las entidades bancarias.
Así, el futuro del sector es preocupante. "Estamos en un estado cancerígeno, no quiere decir que no tenga cura, pero el tratamiento es largo y duro. Es cierto que hay una bolsa de nuevos compradores pero no están las condiciones financieras ni políticas para acometer la compra". El gerente de Pymecon espera que a corto plazo se reactive la construcción de nuevas promociones pese a la necesidad y demanda que existe actualmente en la comunidad, aseguró hace unos días José Luis Iglesias.
